La transparencia en el manejo de los fondos públicos debe ser en estos momentos el eje principal en la ejecución de las partidas millonarias que se han aprobado para atender la crisis generada por el coronavirus o Covid-19.
El momento demanda que los actuales administradores del Estado actúen coordinadamente, con prudencia, y garanticen que cada centavo destinado a la atención de la pandemia (y sus efectos) llegará a las personas y a los sectores que la necesitan, y que no irán a parar a la bolsa de unos pocos.
Se tiene que asegurar que los escasos recursos con que cuenta el país deben ser bien administrados y que no serán manejados por los “uñudos” o grupos privilegiados con acceso al poder que en épocas de crisis saltan de sus guaridas para sacar beneficio personal en detrimento del pueblo en general.
Y si bien es importante saber que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ha comenzado a auditar los fondos asignados para atender la emergencia por el Covid-19.
Sin embargo, se requiere que también se disponga, tal cual lo ha recomendado el organismo Transparencia Internacional (TI), de “máxima publicidad en la información sobre compras gubernamentales vinculadas con la emergencia y activar las agencias nacionales antimonopolio para evitar colusión entre actores económicos o prácticas que resulten en la especulación de los precios”.
Siguiendo con las recomendaciones de TI se deben “activar auditorías en tiempo real para los procesos de contratación pública y concentrar en una sola plataforma toda la información relativa a las contrataciones gubernamentales”.
La veeduría social se debe activar en todos los rincones del país.
Hay que cerrarle todas las puertas a la corrupción y eso solo se logrará garantizando la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
