La decisión que el lunes de la presente semana tomó la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en contra del Estatus de Protección Temporal (TPS) cayó como un balde de agua fría a los migrantes hondureños -y de dos nacionalidades más- cobijados bajo esta figura en territorio estadounidense.
Esta resolución judicial deja a nuestros compatriotas en una situación de extrema vulnerabilidad ante la posibilidad de perder sus permisos de trabajo y quedar expuestos a la deportación. Aunque no es una decisión definitiva, pues aún quedan recursos legales para intentar revertirla, lo cierto es que el panorama es de alto riesgo.
No debemos pasar por alto que esto ocurre en un contexto donde la administración estadounidense mantiene una política rigurosa frente a la migración irregular.
Ante este escenario, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recomendó a los beneficiarios “esperar” y “no perder las esperanzas” mientras se agotan las instancias legales.
Por su parte, la Cancillería de la República aclaró que, si bien el Estado hondureño no puede determinar el estatus migratorio de sus ciudadanos en el exterior, el fallo no es final, sino una etapa dentro de un proceso que podría escalar a otras instancias, como la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, la realidad es que el futuro del TPS es incierto y ello obliga al Gobierno del presidente Nasry Asfura a delinear, de forma urgente, políticas y programas de atención para esta población que, por décadas, ha sostenido la economía nacional mediante el flujo de remesas.
Ese respaldo estatal debe garantizarse tanto en territorio estadounidense, a través del respectivo acompañamiento y asistencia legal, como en el país, ante un eventual retorno masivo.
