El hecho de que los homicidios bajaran en 222 casos entre enero y abril de 2017, en comparación con el mismo período del año anterior, es muy significativo para el país, pero aún falta mucho trabajo para llegar al comportamiento aceptable internacionalmente.
Desde el 2000, Honduras experimenta una oleada de violencia y criminalidad que alcanzó su máxima escala en el 2013 al llegar a los 86 homicidios por cada cien mil habitantes, un nivel de proporción pandémica, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Con una serie de acciones como la militarización de la seguridad, depuración de la Policía, traslado de reos a cárceles más seguras, persecución de los delincuentes y criminales y un uso discreto de la tasa de la seguridad, para unos sectores correctas y para otros erróneas, el gobierno ha trabajado con el fin de sacar a Honduras de ese calificativo de ser uno de los países más violentos del mundo, y poco a poco lo ha ido logrando.
El país cerró 2016 con una tasa de homicidios de 59.1 por cada cien mil habitantes, pero si la tendencia a la baja que registró el Observatorio de la Violencia en los últimos cuatro meses se mantiene hasta diciembre, el 2017 podría cerrar en 50.5, lo cual representaría un logro importante.
Sin embargo, los niveles de violencia en el país todavía siguen siendo altos, porque las causas que la generan como el narcotráfico, la evolución de las pandillas a grupos criminales, la impunidad, la corrupción, la debilidad institucional y las injusticias sociales, siguen ahí sin ser atacadas desde su raíz.
Los sociólogos siempre han recomendado a las autoridades estatales el establecimiento de una política de lucha contra la delincuencia y criminalidad que pueda tener una continuidad, sin importar quien gobierne la nación, de lo contrario los éxitos alcanzados en una administración podrían revertirse en otra.
Una política, con el manejo transparente de los recursos económicos, que involucre a todos los sectores sociales es necesaria para luchar contra la inseguridad y poder acercarnos a la referencia, considerada normal internacionalmente, de ocho homicidios por cada cien mil habitantes.
