La crisis por la escasez de agua en la capital hondureña se agudiza cada día, lo que obliga a las autoridades municipales a recrudecer, a partir del 1 de agosto, los calendarios de abastecimiento del líquido a la población.
La crisis que hoy vive la capital es el reflejo de la mala gestión, la falta de planificación y el abandono de proyectos y acciones necesarias para garantizar en el tiempo el abastecimiento a la población.
Por años, se engavetaron los grandes proyectos que se visualizaron para garantizar un servicio de calidad y muy poco o casi nada se hizo para ampliar y mantener la red de distribución, la cual actualmente, por su pésimo estado, es responsable de la pérdida de un alto porcentaje del líquido disponible.
Es por ello que el plan de acción no se debe limitar al racionamiento del servicio -necesario dadas las condiciones actuales- y a la distribución del líquido con cisternas a las zonas altas de la ciudad.
Se requieren acciones que garanticen la transparencia del proceso, comenzando por la regulación y el control del mercado privado de carros cisterna, el cual -según denuncias de los pobladores- desde ya ha incrementado los precios del agua.
El agua es un derecho humano fundamental, no una mercancía de ocasión ni un favor político. La crisis en Tegucigalpa no se resolverá mágicamente cuando caigan las primeras lluvias; estas solo darán una tregua temporal a un problema sistémico.
No se puede desconocer que se ha retomado la construcción de la represa San José y que, una vez en funcionamiento, será un paliativo para el suministro, pero no la solución definitiva a la problemática.
No basta con esperar que llueva a cántaros para que las represas se llenen y el servicio se normalice. El problema del agua es complejo y requiere de la voluntad política para empujar respuestas integrales con el único fin de garantizar un servicio básico de calidad.
