Es un clamor popular desde hace años, ya que de todos es sabido de que muchos de estos privilegios fiscales no cumplen los objetivos de política económica, principalmente en lo relacionado con la generación de empleos decentes y la atracción de nuevas inversiones.
El manejo poco transparente también ha sido resaltado a lo largo de los años, y ya en 2013, durante la administración del presidente Porfirio Lobo, se integró una comisión para identificar la problemática y tomar acciones para enmendar la misma, pero a pesar de los resultados, no se tomaron acciones concretas.
Ya para entonces, la comisión advertía que la proliferación de leyes y decretos que otorgan estos beneficios (más de 200) constituían “una seria y creciente debilidad institucional (...) que no solamente dificultan el control y apropiada regulación sino que, además, contravienen normativas existentes en la Constitución de la República y en el
Código Tributario”.
Ahora el tema ha vuelto a la mesa en el marco de las negociaciones para un nuevo acuerdo del gobierno hondureño con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La cúpula empresarial ha expresado su anuencia con la revisión de las exoneraciones o incentivos fiscales que no están generando beneficio a la economía.
Es sin duda una oportunidad para que se abra un diálogo alrededor de un tema de vital importancia para la pequeña economía hondureña, que anualmente deja de percibir unos 1,500 millones de dólares por el gasto fiscal que representan las exoneraciones.
Una oportunidad también para transparentar un proceso que hasta ahora es altamente cuestionado por la manera en que han venido siendo manejado y para asegurar que estos beneficios fiscales tendrán un impacto real en la economía nacional a través de la creación de los empleos dignos que demanda principalmente la juventud hondureña.
