La violencia e inseguridad son dos temas de alto impacto en Honduras, un país que con tan solo 8.7 millones de habitantes ha tenido por mucho tiempo a dos de sus principales ciudades (Tegucigalpa y San Pedro Sula) en la lista de las ciudades más violentas del mundo.
El país llegó a registrar una tasa de 86.5 homicidios por cada 100,000 habitantes al cierre del año 2013 y tras una intensa estrategia de seguridad impulsada por el gobierno nacional la redujo hasta los 40 homicidios por cada 100,000 habitantes en el 2018.
Pero esa tendencia a la baja parece haberse frenado en el primer semestre de 2019, período en el cual la Secretaría de Seguridad ha registrado la muerte violenta de 1,873 personas, lo que representa un promedio diario de 10.34 muertes violentas.
Este año ha habido también un importante repunte de las masacres (de tres o más víctimas), en las que han perdido la vida cerca de 120 personas.
Muchos de los crímenes son ejecutados -según las autoridades- por miembros de maras y pandillas que pelean el control de territorios para la venta de drogas.
La ciudadanía muestra a diario su preocupación y temor por el incremento de estos hechos delictivos y la impunidad con que se cometen a toda hora del día.
Un elemento que suma a los índices de inseguridad ciudadana es el creciente delito de la extorsión, también ejecutado por pandilleros, con consecuencias funestas para la economía de pequeños empresarios, transportistas, trabajadores independientes y comerciantes, entre otros, que ante la imposibilidad de pagar las cantidades que les cobran, se ven obligados a cerrar sus emprendimientos. El gobierno está obligado a trabajar en políticas de seguridad encaminadas a garantizar efectivamente y respetar plenamente los derechos humanos de sus ciudadanos y garantizarles su seguridad, y si bien se hacen intentos, deben profundizar esos procesos bajo el estricto cumplimiento de las leyes de la República.
