EL HERALDO ha publicado en sus últimas ediciones una serie de anormalidades en el Registro Nacional de las Personas (RNP), las que -a su vez- han dejado en evidencia el mal manejo del organismo encargado de uno de los pilares de la institucionalidad del país: la identificación de sus ciudadanos.
Esas publicaciones también dejan en evidencia cómo las instituciones del Estado son tomadas por asalto por personas sin escrúpulos que ven en la administración pública el camino más expedito al enriquecimieto rápido.
Son redes silenciosas que sin duda pululan por todas las instituciones públicas y que han actuado bajo el manto de la impunidad. Grupos de personas sin escrúpulos, a quienes no les importa si el dinero que están desviando iba originalmente a programas y proyectos de beneficio para la población más pobre.
Frente a estos hechos el gobierno y el Ministerio Público debería actuar de oficio. No basta con comisiones interventoras.
Se deben abrir las investigaciones que sean pertinentes para determinar el grado de responsabilidad de estos funcionarios, porque organismos como el RNP no deben seguir siendo manipulados por estos pequeños grupúsculos.
Aunque las denuncias de estas anormalidades en el RNP salen en buen momento, justo cuando desde el Congreso Nacional se impulsa la creación de una comisión interventora para despolitizar la institución e impulsar el proceso de depuración del censo electoral.
Pero tras las denuncias que dejan ver los malos manejos administrativos, esa comisión debe ir más allá y trabajar para garantizar el fin de la organización, tal cual es el registro de todos los hechos y actos relativos al estado civil de las personas naturales, desde su nacimiento hasta su muerte, así como la emisión de documentos de identificación y los medios necesarios para su participación en la vida ciudadana y social del país, y no olvidar que el RNP es una institución de seguridad nacional, un órgano especial del Estado, vinculado estrechamente con la seguridad de la sociedad.
