Las elecciones primarias dejan muchas lecciones que aprender y muchos entuertos que resolver en el corto camino hacia las elecciones generales de noviembre. La experiencia nos dice que no podemos llegar a ese proceso con las inconsistencias del sistema electoral que han quedado evidenciadas hasta ahora y que no tomar los correctivos en tiempo y forma sería orillar al país a un nuevo conflicto político de consecuencias insospechadas.
Las sospechas de fraude electoral que hoy empañan el recién concluido proceso electoral interno, pasando por el denunciado manoseo de las maletas electorales, la alteración de las actas y la falta de transparencia en el escrutinio de los votos no deben arrastrarse hasta las elecciones generales, y para ello es necesario que se comiencen a identificar y definir mecanismos que eviten lo que hoy está generando incertidumbre.
Urge que el Ministerio Público actúe de oficio y abra investigaciones alrededor de las denuncias que puedan llegar a tocar la puerta de las fiscalías competentes y que el nuevo Tribunal de Justicia Electoral actúe con diligencia y demuestre que no son un elefante blanco más, creado para avalar las mañas de los dirigentes políticos acostumbrados a manipular
los procesos.
La sociedad demanda, y está vigilante, de que el Tribunal de Justicia Electoral, que a dos años de su creación no cuenta con una ley que regule su funcionamiento, cumpla con las funciones para las cuales fue creado y actúe en el marco de las competencias que tenga por ahora, diligentemente, investigando, evidenciando y deduciendo responsabilidades a quienes resulten culpables de cometer un delito electoral.
El fortalecimiento y la credibilidad en el proceso de elecciones internas realizadas el domingo anterior y las generales de fin de año dependerá de su accionar, de su disponibilidad de hacer valer la ley en toda su extensión.