Dicen que “el lobo pierde el pelo, pero no las mañas”. Un refrán adaptable a la clase política hondureña que en tiempos de campaña electoral cambia su vestidura, pero mantiene intacta sus malas costumbres.
Recientemente, en alianza, el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH) por primera vez llegan al poder vendiéndole a los electores un discurso anticorrupción que ahora hacen a un lado cuando -en medio de un conflicto que deslegitima cualquier acción que se apruebe en el Legislativo- la noche del miércoles reciente, la junta directiva que preside Luis Redondo aprobó un decreto que otorga amnistía a presos políticos y funcionarios vinculados a la administración de Manuel Zelaya (2006-2009).
El exfiscal general Edmundo Orellana, hoy ministro asesor en materia de transparencia y combate de la corrupción, fue uno de los primeros en calificar lapidariamente el decreto de amnistía como “un nuevo pacto de impunidad”. Igualmente, otros sectores sociales también rechazaron y repudiaron el perdón, el cual lo ven como una afrenta a la voluntad popular.
En un pronunciamiento conjunto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) detallaron que “identificaron un total de 68 artículos que hacen referencia a distintos delitos con penas que van de 1 a 15 años, que estarían siendo perdonados si se aplica la amnistía contemplada en dicho decreto y que, en su mayoría, son delitos de corrupción o delitos comunes, es decir, que no son conexos a los delitos políticos”.
Aunque los abogados aseguran que este decreto nace sin validez, sin reconocimiento jurídico y que no tiene efecto porque quienes lo aprobaron carecen de legitimidad, desde ya el hecho es un indicativo de hacia donde se quiere dirigir la promesa de la lucha anticorrupción.
