Migraciones irregulares y desplazamientos internos, simultáneamente, ambos fenómenos sociales ocurren en Honduras con un denominador común: la violencia provocada por la delincuencia que obliga a compatriotas a abandonar sus viviendas y comunidades para desplazarse bien dentro o más allá de nuestro territorio en búsqueda de seguridad y protección, en fuga desesperada para proteger sus vidas y las de sus familiares, expuestas a represalias de diverso tipo. El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, ha estudiado y actuado en relación a estos dramas cada vez más frecuentes que provocan peligros, riesgos e incertidumbres para los afectados. Advierte que los migrantes ya no van a recorrer las rutas de tránsito tradicionales, buscarán otras inéditas y más riesgosas, incrementándose un mayor involucramiento de la trata de personas. Recomienda al Estado hondureño prevenir y atender las causas de los flujos migratorios con políticas nacionales explícitas, incluyendo la creación y vigencia de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas desplazadas forzadamente, con estrategias, medios y recursos presupuestarios adecuados, con veeduría y supervisión por parte del Conadeh. Además, el arraigo y bienestar de los pobladores de los municipios, tornándolos socialmente productivos mediante la implementación de un Plan Nacional de Apoyo Subsidiario a la Seguridad Humana y el Desarrollo Local Sostenible vía capacitación laboral permanente e innovación empresarial responsable.
La migración irregular debe convertirse en un proceso ordenado, seguro, responsable, con responsabilidades compartidas entre los países de origen, tránsito y destino más el respaldo de la comunidad internacional, sin criminalizarla. En tanto continúen prevaleciendo y profundizándose las causas arriba señaladas, en la misma medida aumentarán tanto las migraciones irregulares como los desplazamientos internos
