Repudiable.
Es tan solo uno de los calificativos que a estas alturas del siglo XXI se le puede dar al asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, ocurrido la madrugada del miércoles en su residencia privada de Puerto Príncipe.
Su muerte pone fin a una larga y espinosa carrera política que le llevó a la presidencia del país el 7 de febrero de 2017 después de un controvertido proceso electoral marcado por denuncias de fraude, y por decreto desde enero de 2020 tras el aplazamiento de los comicios legislativos de 2019. Para el 26 de septiembre programaba un referéndum constitucional en el que según la oposición política, buscaba eliminar un artículo que le impedía su reelección.
Las denuncias de corrupción y de violación a los derechos humanos también fueron una constante a lo largo de su mandato, así como los enfrentamientos entre bandas armadas en barriadas de Puerto Príncipe, que dejaron miles de desplazados.
La clase política y gobernante de América y del mundo ha expresado su estupor ante un hecho que se creía parte de los libros de historia de los países en los que se registró alguna vez el asesinato de sus gobernantes, pero también han coincidido en demandar acciones inmediatas que garaticen la estabilidad política de la nación; y la unidad y la paz para fortalecer la democracia, una democracia que le ha quedado a deber a los haitianos, muchos de los cuales tienen en la migración el único camino para optar a mejores estadios de vida.
El futuro de la pequeña nación hoy es más incierto que ayer y demanda de la acción inmediata de la comunidad internacional para levantarse y soñar con la oportunidad de sentar las bases de una sociedad más equitativa, libre de corrupción, violencia y de las bandas de narcotraficantes que utilizan su territorio para el tránsito de drogas, entre otros males que la han golpeado históricamente.
