Uno de los problemas históricos del sistema de salud hondureño está relacionado con la atención de los pacientes renales.
Es difícil comprender el porqué quienes requieren diálisis tienen que salir periódicamente a protestar para que el Estado pague con puntualidad a la compañía que les brinda los servicios, y todavía más, el porqué, con el transcurso del tiempo, los diferentes gobiernos no han hecho esfuerzos para comprar sus propios equipos y garantizar con ello la continuidad de la atención médica de los ciudadanos que la demandan.
Este es un problema que requiere disponer de miles de millones de lempiras anualmente.
Para el caso, ayer, el ministro de Finanzas, Marcos Midence, anunció una transferencia de 60 millones para la empresa que ofrece los servicios, solo algunas horas más tarde de que los pacientes hicieran públicas sus protestas por la suspensión de los tratamientos de hemodiálisis por la falta de pago del gobierno, aunque la deuda ya ronda los 300 millones.
El funcionario dijo que solo este año se han destinado 235 millones de lempiras para el tratamiento de estas patologías que se han vuelto endémicas en el país y que demandan la atención puntual de los enfermos, quienes arrastran desde hace años el suplicio de tener que rogar a las autoridades sanitarias y de Finanzas que destinen en tiempo y forma los presupuestos para que con ello se garanticen las atenciones que demandan.
Y aunque en estos momentos las prioridades se centran en la atención de la pandemia del covid-19, es necesario que los equipos de trabajo de ambas secretarías se tomen en serio la problemática y definan una estrategia encaminada a darle solución permanente.
Que la Secretaría de Salud comience a definir un programa integral de atención a los pacientes renales es cuestión de vida o muerte. Ya basta de ir tapando baches y reaccionando a las protestas de los pacientes que necesitan estos servicios.
