Tras el paso destructor de los huracanes Eta y Iota, al menos dos millones de hondureños están en inseguridad alimentaria y medio millón más en inseguridad alimentaria severa, según las proyecciones del representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Miguel Barreto.
Las personas que están viviendo en las calles y en albergues porque las aguas destruyeron sus viviendas no tienen acceso a alimentos y tampoco cuentan con dinero para comprarla, lo que agrava el problema.
El acceso a los alimentos podría verse agravado por la destrucción de las cosechas de granos básicos y otros productos de consumo básico, así como por la destrucción de las vías de comunicación en las zonas más golpeadas por los meteoros, de la producción agrícola, y aunado a ello, el golpe a las finanzas domésticas por las pérdidas de empleo y la reducción de salarios como consecuencia del cierre de empresas y fuentes de empleo por la pandemia del covid-19.
Todas esta población se enfrenta además a problemas de desnutrición grave y severa, lo que aumenta su situación de vulnerabilidad en estos momentos de crisis.
La situación ha desbordado al Estado que, aunque se diga lo contrario desde las esferas gubernamentales, no han logrado llegar con alimentos a miles de damnificados, principalmente a quienes todavía hoy se encuentran aislados en sus comunidades. La lucha contra el hambre no es nueva en Honduras, este es un mal que se arrastra desde hace muchos años; un tema que los políticos suelen usar como una de sus banderas favoritas en sus campañas proselitistas olvidando las ofertas electorales una vez hechos gobierno. La tarea hoy es ardua, se trata de garantizar alimentos a toda la población, sin distinción de colores y banderas políticas, en forma oportuna y permanente en calidad y cantidad para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar que coadyuve al desarrollo humano.
