El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, reveló ayer que de un total de 4.2 millones de hondureños y hondureñas enrolados en el nuevo proceso de identificación nacional, al menos 400,000 ciudadanos presentan inconsistencias, las que salieron a luz el fin de semana cuando, en cumplimiento de la Ley de Disposiciones Especiales para Elecciones Primarias, se entregara a los partidos políticos para su exhibición el censo electoral provisional, que fue elaborado con la base registral de ciudadanos remitida por el Registro Nacional de las Personas.
Las inconsistencias van desde ciudadanos enrolados que no aparecen en el censo provisional, errores en la asignación de centros de votación; errores con las fotografías, el nombre, el sexo, las huellas dactilares hasta inhabilitados.
Las denuncias han encendido las alarmas ante la posibilidad de que en esta nueva ocasión, y a pesar de los millones de lempiras que se han destinado al proyecto de identificación nacional, no se logren los propósitos de contar con bases de identificación confiables y un censo electoral limpio y creíble, que aleje el fantasma de los fraudes electorales.
Lo que sucede obliga a las autoridades registrales y del CNE a actuar con celeridad y trabajar conjuntamente en un plan de emergencia que lleve a resolver en tiempo y forma los reclamos de la ciudadanía y garantizar con ello la pureza del proceso. Este no es tiempo de echarse las culpas unos a otros, es el tiempo de buscar conjuntamente la solución a los problemas detectados.
Cada organismo está obligado a hacer lo que le compete y actuar con la transparencia que demanda el momento y tener claro que por el bien de la democracia, las inconsistencias deben ser corregidas bajo criterios técnicos y nunca políticos.
