El gobierno hondureño está obligado a activar todos los mecanismos que sean posibles para garantizar que los fondos destinados a la atención de la emergencia serán bien utilizados. Tienen que ser enérgicos y desde ya abrir sus libros de cuenta a los organismos competentes para que comprueben o desechen todas las denuncias de malos manejos de esos dineros.
La transparencia debe ir más allá de decir que se está actuando transparentemente, se tiene que demostrar con papeles en mano y con la disposición de que cada denuncia sea investigada minuciosamente.
Es el caso de las supuestas compras amañadas en la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), denunciadas por EL HERALDO y las cuales, según las investigaciones preliminares del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no cuentan con la documentación y autorización, denotando fallas administrativas.
Hay que dejar claro que la salida del ministro de Copeco y otros altos funcionarios de Copeco no es suficiente, la demanda es que se tiene que llegar hasta el fondo de estas denuncias y sentar un precedente no solo en este caso, sino en todos los que se están denunciando en estos momentos.
Todas las instituciones contraloras del Estado están obligadas a actuar. Es tiempo que dejen la apatía, la desidia, la negligencia en sus funciones públicas, pero lo más grave, que traten de esconder las malas prácticas que se cometen porque los involucrados resultan ser sus parientes o correligionarios. Robar o mal manejar los dineros de un pueblo pobre, con tantas necesidades como la de los y las hondureños, son delitos de lesa humanidad tal cual lo ha señalado Transparencia Internacional (TI).
Honduras se enfrenta a una tragedia nacional que demanda que todos sus funcionarios actúen responsablemente y que todos sus ciudadanos activen los mecanismos de veeduría y denuncia para evitar los abusos y las violaciones y aprovechamiento de las leyes, que desgraciadamente se vuelven comunes en este tipo de eventos
