Comenzamos el año 2020 con una preocupación ante el alza imparable de la violencia. Las cifras son alarmantes.
En los primeros dos días del año, los medios de comunicación registraron el asesinato de cinco mujeres en diferentes regiones del país, y el fin de semana anterior daban cuenta de la primera masacre, en la que cuatro hombres -entre ellos un exalcalde del municipio de Esquipulas del Norte- perdieron la vida de manera violenta en el departamento de Olancho.
Pero también siguen al alza otro tipo de delitos, como los asaltos a mano armada a transeúntes o en las unidades del transporte urbano e interurbano y el pago del llamado “impuesto de guerra” que bandas criminales y pandillas cobran indiscriminada e impunemente a pequeños comerciantes, pulperías, restaurantes, transportistas, entre otros.
El panorama no es nuevo, más bien parece ser un poco más de lo mismo que se vivió en 2019, año en el cual, a pesar de las millonarias inversiones del gobierno en materia de seguridad, las cifras no fueron nada favorables.
Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) señala que al 31 de diciembre de 2019 se registraron 274 homicidios más que el año anterior.
Lo que está sucediendo en seguridad obliga al gobierno actual a replantearse sus políticas
en esta materia. Es necesario que se tomen acciones tanto para prevenir el delito como para combatir la impunidad que prevalece en este tipo de hechos, sin dejar de lado las políticas públicas de ataque a las causas estructurales que generan la violencia y la delincuencia.
Atender a los grupos vulnerables, principalmente a los y las niñas, los jóvenes y las mujeres, atacar los problemas de pobreza, la desigualdad y la exclusión social, fortalecer las instituciones de prevención, investigación y castigo de delitos, reenfocar y transparentar el uso de los dineros de la Tasa de Seguridad, son algunas de esas medidas. El gobierno está obligado a actuar con celeridad.
