Las historias que se cuentan detrás del asesinato de una mujer en Honduras son reflejo de las condiciones de alta vulnerabilidad en las que millones de ellas viven, en un país en el que cada 30 horas se reporta la muerte violenta de una fémina.
“Con un garrote le di”, es el testimonio de un hombre que mató a su pareja en Arenas, Sonaguera, Colón, luego de que ella se negara a mostrarle su teléfono móvil. “Me arrepiento, era mi compañera de hogar. Cuando el diablo se le mete en la cabeza a uno...”, manifestó el sospechoso ya detenido en relación con este caso y a la espera del juicio correspondiente.
Este es uno de los pocos casos en los que se espera se haga justicia, ya que el supuesto victimario ha sido detenido. No sucede lo mismo con casi el 95% de los casos de femicidios que ocurren en el país y que se encuentran en la impunidad; la otra pandemia que golpea a las familias de las víctimas, que tienen que enfrentarse no solo al dolor de la pérdida de su familiar, sino también a la ausencia de justicia.
En Honduras parece que lo normal es sumar día a día el número de víctimas ante la ausencia de acciones firmes encaminadas a frenar la violencia contra las mujeres en todas sus formas, pero principalmente en su manifestación más cruel: el asesinato y la impunidad.
El Congreso Nacional recién aprobó reformas al Código Penal que conlleva al endurecimiento drástico de las penas y a cambios estructurales para procesar el delito de femicidio, y la creación e implementación de tribunales especializados para juzgar exclusivamente los casos de violencia contra la mujer.
Tales decisiones no se cuestionan; sin embargo, en un país como el nuestro, en el cual el irrespeto a las mujeres crece día con día, no son suficientes. Hacen falta presupuestos, estrategias que fortalezcan la investigación criminal y políticas públicas de prevención y educación en derechos, entre otros. Lo cierto es que el camino por recorrer para asegurar los derechos plenos de las mujeres en Honduras sigue siendo largo y tortuoso.
