Algunos defensores de derechos humanos han calificado la medida de inhumana porque, según ellos, en las celdas de dos por tres metros el encierro y el calor son insoportables, no entienden que ninguna prisión es centro de recreación o de descanso.
Desde 1998, las cárceles cayeron en una inestabilidad, volviéndose escuelas del crimen, desde donde algunos presos siguen ordenando secuestros, asaltos, extorsiones y asesinatos. por qué no se les había aislado antes si la Ley del Sistema Penitenciario, creada en abril de 2012, en su artículo 32 establece el régimen de seguridad máxima o alta para aquellos privados de libertad peligrosos e incorregibles.
Las autoridades penitenciarias no puede justificar su inoperancia en la falta de una cárcel segura, pues en julio del 2011 el gobierno inauguró una prisión de máxima seguridad en Támara, que en los últimos años se ha mantenido de adorno, a pesar de tener la capacidad para 220 reos.
Esto solo demuestra que de nada ha servido que Honduras desde hace años venga luchando por adecuar su legislación penitenciaria y sus instalaciones a los estándares internacionales, si al momento de la práctica la improvisación, la corrupción y el amiguismo marcan el paso.
Cuando está de por medio el bienestar de la sociedad no se debe seguir inventando. El buen funcionamiento del sistema carcelario no pasa porque se ponga en manos de militares, ni porque se construyan celdas dentro de los batallones para que los delincuentes de cuello blanco no estén juntos con los malhechores comunes, depende de contar con instalaciones adecuadas para el cumplimiento de penas y, sobre todo, de un recurso humano insobornable y dispuesto a cumplir la ley.
La rehabilitación de los privados de libertad es una obligación, pero proteger a la ciudadanía de aquellos presos intratables también es una responsabilidad estatal
