Este año vamos a morir de hambre, no hubo cosechas, todo el maíz y frijoles se perdieron, no hay dinero y nadie ve por nosotros”, es el relato que hizo a EL HERALDO Rosa Flores, una viuda, madre de tres niños, que no tiene con qué alimentar a sus hijos. Doña Rosa forma parte del 7% de la población hondureña (unas 616,000 personas) que se enfrenta actualmente a una severa crisis alimentaria causada por la sequía, que provocó que miles de familias que viven de la agricultura de subsistencia perdieran este año su alimento. Estas familias viven en la extrema pobreza, además de no tener lo prioritario: el alimento, tampoco tienen acceso a educación, salud, servicios de agua potable y alcantarillado, y mucho menos a una vivienda digna. Viven en covachas.
Son hombres y mujeres que históricamente han sido olvidados por los administradores del Estado, no importando el color de la bandera política que los ha llevado al poder, y que dependen de sus conocimientos empíricos para sembrar sus tierras, con la esperanza de que la naturaleza les permita acceder a una buena cosecha para guardar el alimento del año.
A ellos no han llegado las cosechadoras de aguas para impulsar el sistema agroalimentario en las que, según los anuncios oficiales, se invertirían millones de lempiras, ni tampoco el promocionado Bono Agrícola de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) o los militares con el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH).
Pero es seguro que en la campaña política que se avecina, más de uno de los que andan a la caza de votos llegará hasta sus comunidades a ofrecerles, una vez más, la ayuda que demandan desde hace años para salir de la pobreza en la que viven.
Este debería ser un buen momento para que aquellos que aspiran a dirigir los destinos de la patria definan claramente cuáles serán sus políticas de apoyo —más allá de las bolsas solidarias—, a estas poblaciones postergadas, que ante el abandono oficial, y para no morir de hambre, ven en la migración “hacia el norte” su última y única esperanza.
