Los efectos de la tormenta tropical Eta son devastadores. Las lluvias han causado inundaciones, derrumbes, hundimientos de calles y carreteras; ha dejado comunidades aisladas, decenas de evacuados y un sinnúmero de damnificados. Una niña de 13 años falleció por un deslizamiento de tierra sobre su vivienda en el sector de Lomas del Carmen en San Pedro Sula. Los daños a la infraestructura vial, de agua potable y alcantarillados, la agricultura y ganadería, también son incalculables. Varias comunidades han quedado incomunicadas y sin fluido eléctrico. Uno de los sectores más afectados es nuevamente el del turismo, que esperaba recuperar su actividad con el feriado por la Semana Morazánica, la que debió clausurarse por el huracán. Si el país ya proyectaba una caída de más del 7% en su actividad económica como consecuencia de las medidas para contener el virus del covid-19, que orilló al cierre de empresas y la pérdida de miles de empleos, las cifras que se proyectan ahora son más dramáticas. Economistas del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) pronostican que “hasta en un 11% podría retroceder la economía producto de la pandemia y los efectos de Eta”.
Los golpes a la frágil economía serán sin duda graves, aunque nunca comparados con los del huracán Mitch, que en 1998 destruyó al país, pero sí suficientes como para dejar a miles de hondureños más viviendo en condiciones altamente vulnerables, de hambre, de pobreza y pobreza extrema. Todo esto debería obligar a las autoridades a comenzar a definir un nuevo plan de atención a la emergencia, ya no solo del covid-19, sino a la que nos deje el temporal lluvioso, y a una revisión de las políticas ambientales que vaya más allá de la gestión de las catástrofes cuando las mismas se presentan, sino que se encaminen a la conformación de políticas de atención integral de la vulnerabilidad del país, sea en tiempos de lluvias, sequías o cualquier otra catástrofe natural a la que se esté expuesto
