La Organización de Estados Americanos (OEA) ha aprobado una resolución en la que urge al régimen nicaragüense que “cambie de rumbo” y respete tanto la Constitución de Nicaragua como las normas internacionales adoptadas por el país, tal como la Carta Democrática Interamericana. La respuesta no se ha hecho esperar: “Aquí no estamos juzgando a políticos, aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos”, dijo ayer Ortega, y calificó de “absurdo” que la comunidad internacional pida su liberación. “Eso no sucederá”, “en Nicaragua hay justicia” y “no hay un paso atrás, no habrá ningún paso atrás, solo hacia adelante”.
Con su posición, Ortega solo reafirma que está firme en su decisión de continuar allanando su camino para perpetuarse en el poder, llevándose de encuentro todos los preceptos que sustentan el estado de Derecho, poniendo a su patria a la puerta de una nueva dictadura, sin importar que con sus acciones quede atrás la admiración que le profesaron en su tiempo al guerrillero que lideró una larga y sangrienta revolución popular para derrocar al último representante de la cruel y poderosa dinastía de la familia Somoza, que gobernó su país desde 1937 a 1979.
Ahora el cometido de Ortega claramente es instaurar otra dictadura familiar, esta vez encabezada por él y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, además que desde ya prepara a sus hijos, verdaderos príncipes sandinistas, para que lo sucedan a él y su esposa una vez que ya no puedan con el poder o mueran en el mismo.
