Editorial

Delincuencia acecha centros escolares

La violencia de las bandas criminales que atemorizan a gran parte de la sociedad hondureña se ha extendido y ya afecta varios centros educativos. Las bandas criminales están cercando estas instituciones y llevando a ellas sus actividades delictivas.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) publicó un informe en el que alerta que la creciente ola de violencia criminal que afecta al país ha llegado a las puertas de unas 38 escuelas y colegios en varios departamentos del país.

El informe es aterrador. Dice que identificaron que los grupos criminales han logrado penetrar en los centros escolares hasta influir en las decisiones de directores y maestros; que los miembros de esas bandas reclutan, vigilan y promueven la venta de drogas a menores de edad, extorsionan a maestros y estudiantes, e incluso que tienen denuncias de abusos sexuales, asaltos personales y amenazas de muerte.

Lo que está sucediendo en las escuelas pone a la comunidad educativa, esencialmente a los estudiantes, en situaciones de alta vulnerabilidad y fragilidad frente a los grupos criminales que los acechan. Esa presión orilla además a muchos estudiantes a abandonar la escuela, y a muchos otros a pasar a formar parte de las maras y los grupos delictivos para salvar sus vidas y las de sus familias.

El Comisionado de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, dijo estar de acuerdo con una iniciativa presidencial de recuperar los barrios, colonias, aldeas y caseríos de maras y pandillas. Pero es necesario que el Estado impulse una política nacional de prevención que esté enfocada a disminuir los riesgos de los niños, niñas y jóvenes pasen a formar parte de esos grupos delincuenciales y a su vez se fortalezcan los factores protectores desde la familia y la sociedad; una política que a su vez incluya las acciones puntuales que se requieren para enfrentar la problemática que tiene de rodillas a muchos centros educativos a nivel nacional. E ir más allá. Acelerar el paso que garantice el crecimiento de la economía, la atracción de inversiones, la generación de empleo y con ello la reducción de la pobreza, principal caldo de cultivo para la delincuencia.