Este es un programa impulsado desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en el marco de las políticas de seguridad de la actual administración del Estado. Es una medida con la que buscan prevenir el creciente delito de la extorsión, que golpea a miles de personas a nivel nacional, pero con mayor fuerza a los pequeños empresarios, los emprendedores y el sector del transporte público, cuyos dirigentes aseguran pagar millonarias cantidades de dinero a los extorsionadores, que amenazan con la muerte a quienes se niegan a pagarlo.
Es así que se ha ordenado a las compañías que ofrecen el servicio de telefonía móvil en el país que levanten un registro biométrico obligatorio, el que incluye reconocimiento facial y, en algunos casos, huellas dactilares a sus nuevos clientes, y que requieran a sus viejos clientes a realizar el mismo proceso y que quienes no lo hagan perderán su número.
Lo que se sabe es que con esta medida buscan evitar el uso de chips anónimos en actividades delincuenciales como la extorsión o el fraude, pero quedan flotando en el ambiente una serie de preguntas, por ejemplo, sobre quién o quiénes manejarán y tendrán acceso a la base de datos.
No hay respuestas a los cuestionamientos que desde la sociedad civil se hacen sobre la legalidad del proceso y la garantía de la privacidad de los datos, ya que constitucionalmente solo el Registro Nacional de las Personas y el Consejo Nacional Electoral son facultados para gestionar este tipo de información.
Pero mientras crecen los temores sobre el mal uso que puedan darle a esos datos, el proceso sigue en marcha, sustentado en un decreto legislativo que establece requisitos para la adquisición de chips, aunque no menciona los datos biométricos.
Transparentar el proceso desde el gobierno, y sobre todo la seguridad del uso de los datos, es prioritario, más en un año electoral.
