El Gobierno anunció el sábado que durante 30 días asumirá el Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV) del diésel, unos L 12.01 por galón, para evitar que el incremento se traslade al consumidor.
La medida entra en vigor este lunes 5 de octubre y mantiene el precio congelado en L 153.53 en Tegucigalpa, tras once semanas consecutivas de aumentos.
Esta decisión busca aliviar a sectores vitales para la economía -como el transporte público y de carga, la producción y la agricultura- y frenar las presiones inflacionarias que golpean a las familias hondureñas, de las cuales más del 60 % vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Sin embargo, estos acuerdos constituyen una solución temporal y no definitiva ante una crisis que demanda de las autoridades la apertura de espacios de diálogo con todos los sectores representativos de la sociedad. Solo así se podrán identificar e impulsar políticas de largo plazo que fortalezcan las capacidades del país en el sector energético.
Honduras no es un país productor de derivados del petróleo, y los vaivenes de los precios en el mercado internacional impactan directamente en los costos de producción local.
Por ello, la coyuntura exige aplicar políticas estrictas de ahorro de combustible en todos los estratos sociales, incluidos los consumidores particulares.
Tal como lo ha planteado la presidenta del COHEP, Anabel Gallardo: “Tenemos que ser conscientes y hacer un uso más racional de algo que está caro a nivel mundial y que esperamos no se vaya a escasear”.
El ayudar a prevenir esos escenarios más críticos es también responsabilidad de los consumidores, llamados a optimizar los desplazamientos cotidianos y reducir el consumo innecesario
