En estos días EL HERALDO ha publicado muchos testimonios desgarradores sobre la tragedia humana que sufre gran cantidad de familias hondureñas por el caso de compatriotas menores de edad que sin acompañantes adultos han logrado llegar hasta territorio estadounidense.
Se trata en realidad de una verdadera avalancha de menores de edad que, huyendo de la violencia, de la pobreza, y aprovechando una presunta coyuntura para la reunificación con sus padres, ha llegado incluso a rebasar la capacidad que las autoridades estadounidenses tienen para manejar dentro de sus propias leyes y albergar, con absoluto respeto a los derechos humanos, a tanto niño migrante.
Y ha sido, precisamente la magnitud del éxodo de niños centroamericanos, la mayoría de ellos hondureños, lo que ha llevado al hacinamiento en los centros de reclusión y este a salidas forzadas como entregar a los menores a familiares que residen en Estados Unidos, estimulando con ello, sin quererlo, más y más migración infantil hacia las tierras del Tío Sam.
No hay duda que el gobierno estadounidense tiene una responsabilidad moral en este asunto y debe buscar una salida, más que legal, humanitaria, tanto para el drama existente en la actualidad como para el problema de la inmigración ilegal en general que urge de una reforma a la Ley de Migración a la que tercamente se opone la ultraderecha republicana.
El retorno por parte de Estados Unidos a la aplicación a rajatabla de la ley con respecto a que quienes ingresan ilegalmente a su territorio, aunque se trate de niños, sean inmediatamente deportados, no es la salida a la crisis, al menos desde el punto de vista moral.
Sin embargo, no podemos olvidar la responsabilidad primaria que en todo este asunto les corresponde a los países de origen de los menores migrantes, en nuestro caso: Honduras. Es importante, para el caso, ver qué está haciendo nuestro gobierno, qué estamos haciendo todos, para evitar que le gente se esté yendo, que esté huyendo, de nuestra patria, sin importarle incluso los riesgos a correr.
Es obvio que la responsabilidad primaria corresponde a un Estado que no ha sido capaz de crear programas de educación formal y no formal para que los niños y los jóvenes estén listos para competir en igualdad de oportunidades en el mundo de hoy; que no ha sido capaz de generar oportunidades de empleo y emprendedurismo para todos los compatriotas; que ni siquiera es capaz de garantizar la seguridad de la vida y los bienes de la ciudadanía honrada.
