Dos votaciones históricas

Con casi cien años de diferencia, dos decisiones adoptadas, respectivamente, por el Poder Legislativo y el Judicial, constituyeron hitos con dimensiones tanto jurídicas como políticas.

En el primer caso, el Congreso hondureño no aprobó el proyecto de tratado Knox-Paredes presentado por el presidente Miguel R. Dávila, bajo la simultánea presión de los empresarios estadounidenses Washington Valentine, con intereses mineros en la Rosario Mining Co., y Samuel Zemurray, quien iniciaba el cultivo del banano en la costa norte y buscaba el otorgamiento de concesiones territoriales y fiscales, para lo cual apoyó la campaña del general Manuel Bonilla por retornar al poder.

Debe recordarse que también Estados Unidos de América buscaba su aprobación, ya que el mismo constituía un instrumento diplomático y financiero para consolidar la influencia de la banca estadounidense en la economía hondureña, al mismo tiempo que eliminaba los vestigios británicos en nuestro país.

Al sesionar el Congreso Nacional, el resultado de la votación fue desfavorable para el gobierno de Dávila, por considerar los diputados que dicho tratado era oneroso para la soberanía patria, por cuanto las aduanas del país eran intervenidas por Washington, quien se erogaba la facultad de nombrar los administradores a fin de recaudar suficientes impuestos para garantizar el pago del préstamo que otorgaría el banco estadounidense Morgan. La votación fue la siguiente: 33 en contra y cinco a favor.

Esta desaprobación aceleró la renuncia del poder de Dávila, quien con ese acto evitó un mayor derramamiento de sangre, ya que las fuerzas bonillistas, apoyadas por mercenarios estadounidenses pagados y equipados por Zemurray, ya se habían apoderado de los principales puertos de la costa norte, donde se ubicaban las principales aduanas del país.

Así se llevaron a cabo las negociaciones de traspaso de la presidencia, a bordo del buque de guerra estadounidense Tacoma, anclado en Puerto Cortés, siendo seleccionado como presidente provisional hondureño Francisco Bertrand, por parte del negociador estadounidense Dawson.
Bertrand, pocos meses después, convocó a elecciones para legitimar el retorno al poder de Manuel Bonilla.

En este año, 2012, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por 13 votos a favor y dos en contra, declaró inconstitucional las Regiones Especiales de Desarrollo también conocidas como “ciudades modelo”, con lo que admitió los razonamientos jurídicos que denunciaban las violaciones tanto a la soberanía como a la forma de gobierno y al territorio.

Se consideró por parte de la mayoría de los magistrados que, con la creación de las “ciudades modelo”, se facultaba crear órganos jurisdiccionales como la prohibición de aplicar leyes que regulen el ejercicio de declaraciones, derechos y garantías establecidas en la carta magna, si los disminuyen, restringen o tergiversan, vulnerando principios constitucionales de legalidad, separación de poderes, forma de gobierno (EL HERALDO, 19 octubre 2012, pp. 2-3).

Ambos acontecimientos son significativos en diversos aspectos, uno de ellos, el del equilibrio e independencia de los poderes del Estado, sin que ninguno de ellos ejerza mayor autoridad que los otros, además de las innegables connotaciones históricas.