La separación de poderes o división de poderes no es más que una ordenación y distribución de las funciones del Estado. Surge a raíz de que en el pasado, hubo tal concentración del poder, que Luis XIV (Rey de Francia), llegó a declarar que el Estado era él.
Este acto de tiranía no solo se manifiesta cuando un individuo pretende controlar de forma omnímoda el poder, sino cuando, uno, dos, tres o un pequeño grupo de individuos llegan a tal grado que se consideran insustituibles, imperiosos e indispensables para la vida de una nación.
La megalomanía normalmente acontece cuando no hay quien les pellizque y les diga que están errados. Esto es, o porque no tienen amigos o porque no los escuchan.
Evidentemente, el dúo conformado por el presidente del Poder Ejecutivo y algunos diputados del Congreso da la impresión de que son los caballeros apocalípticos de la institucionalidad hondureña, están a todas luces buscando traspiés de la Corte Suprema de Justicia, para disminuirla, minar su independencia y supeditarla mediante amenazas directas y veladas, para que se encorven a los otros dos Poderes del Estado, olvidándose a propósito, que según la carta magna, el gobierno se ejerce por tres poderes, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación.
Claro está que quienes pretenden lo anterior, no tienen ni la más remota idea de que la división de poderes, junto a la consagración constitucional de los derechos fundamentales, es uno de los principios que caracterizan el estado de derecho moderno.
La Constitución de la República de Honduras establece en el numeral 20 del artículo 205 como atribución del Poder Legislativo la de aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, pero esto no le faculta para revisar las sentencias que profiera, porque emitir sentencias no es un acto administrativo, sino un acto estrictamente jurisdiccional que solo corresponde al Poder Judicial, en otras palabras, el Congreso Nacional no puede ser un órgano revisor de la actividad jurisdiccional. Hay que ser tontos para pensar que estos diputados han cometido este error por ignorancia, no, lo están haciendo adrede, pretenden debilitar la institucionalidad, lo que es muy peligroso. Estas actuaciones deben ser investigadas por el Ministerio Público.
La confrontación de dos Poderes del Estado contra uno, genera incertidumbre, no solo jurídica sino también emocional en la población. ¡Reflexionen!
¿Será este un acto de desesperación o una cortina de humo para esconder propósitos malignos?
Dios salve a Honduras.
