sta deformación conductual y aberración jurídica respectivamente han sido las causantes de incontables males en la vida institucional de Honduras a lo largo de su historia. Proyectos bien intencionados, inspirados en el bienestar colectivo, diseñados para catapultar al país hacia el despegue económico, para el logro de la seguridad de las personas y los bienes, han eventualmente colapsado al ser deformadas sus metas y objetivos nacionales hacia fines particulares y/o grupales.
La compra-venta de puestos públicos, la aplicación de la justicia de manera selectiva y clasista, la construcción de infraestructura deficiente, el contrabando y defraudación fiscal, los monopolios comerciales y mercados cautivos, la apropiación y malversación de fondos públicos, el tráfico de influencias oficiales para la promoción de negocios privados, las licitaciones públicas manipuladas, el robo de propiedad intelectual, el otorgamiento estatal de dispensas y exenciones tributarias y arancelarias, los sobornos, son apenas algunos ejemplos de estos males sociales y legales, con implicaciones políticas, que impactan tanto en el desarrollo humano como económico en perjuicio de los sectores de menores ingresos y oportunidades que constituyen la mayoría de la población. La corrupción e impunidad consolidan redes y alianzas que se protegen recíprocamente, provocando así la erosión de la institucionalidad y de la convivencia democrática, la crisis de gobernabilidad, la destrucción de los valores éticos, cívicos y morales.
Y eso es lo que crecientemente ha ocurrido, cual metástasis, afectando a la Policía Nacional, inmersa en una crisis severa y profunda.
El asesinato de dos jóvenes universitarios ha sido el detonante que ha evidenciado tanto la magnitud de la afección como el pacto establecido entre el narcotráfico y el crimen organizado con una parte de la alta oficialidad policial para implantar un terrorismo cotidiano en perjuicio de la vida, salud e ingresos de la población, expuesta a crímenes de todo tipo perpetrados por agentes con o sin uniforme.
Y las denuncias de los medios de comunicación han sido respondidas con amenazas e intimidaciones, por esta vía buscando silenciar al periodismo comprometido con la defensa y vigencia de los derechos humanos y con la libertad de expresión, de opinión y de ideas, lo que en el término de veinte meses ha representado el asesinato de diez y seis comunicadores, sin que los autores intelectuales y materiales hayan sido investigados, capturados y sancionados.
