El destape –una vez más– de la olla de la corrupción en la Empresa Nacional Portuaria y otros hechos similares que han salido a luz en los últimos meses, si bien confirman que la deshonestidad e ineptitud no tienen bandera partidaria ni ideológica, también ponen de manifiesto que por lo menos en la actual administración nacionalista no se tendrá que esperar hasta un futuro gobierno para conocer las irregularidades.
La corrupción en la administración pública se ha generalizado en todo el mundo; la única diferencia es que en los países más exitosos se pone al descubierto y se castiga a los perpetradores; en cambio en naciones subdesarrolladas, como la nuestra, los corruptos no solo disfrutan tranquilamente de los bienes mal habidos sino que la sociedad misma, por muy notorios que sean, les sigue otorgando todos los privilegios propios de la gente honrada.
Como la mayoría de los esfuerzos de lucha contra la corrupción –el más significativo de ellos realizado durante la administración Reina— se ponen en marcha en un gobierno posterior al que pertenecían los implicados, estos por lo general se escudan en la ya trillada 'persecución política'.
De allí la importancia de contar y activar con mecanismos de prevención y de detección temprana de las actividades corruptas en la administración de los recursos públicos a fin de que cada gobierno pueda combatirlas eficazmente en su propio período, al menos dejando ya los casos establecidos a su sucesor.
Pero no es suficiente con detectarlos y destituir de sus cargos a los sospechosos de corrupción, como ha ocurrido recientemente con el embajador en Taiwán, se deben aportar las pruebas a fin de que la Fiscalía y posteriormente los juzgados hagan lo propio para castigar a quien resulte culpable. No solo eso, deben crearse mecanismos legales que permitan resarcir al Estado los daños económicos causados.
En el caso particular de la Empresa Nacional Portuaria y los demás entes estatales –como la ENEE y Hondutel—, una investigación actual debe extenderse hasta por lo menos cuatro administraciones anteriores para hacer una limpieza profunda.
La corrupción es el problema más grave que tiene Honduras porque de allí se derivan todos los demás, pero lo peor de todo es la impunidad de los corruptos. Y un buen primer paso en la dirección correcta es que los gobiernos, del partido que sean, no protejan más a los perpetradores que surjan de sus filas.
