Este gobierno no ha completado ni dos años en el poder y pareciera que ya comienzan a aflorar las aspiraciones políticas de parte de algunos funcionarios del mismo gobierno.
Según información publicada en uno de los periódicos, la presidenta animó a los funcionarios que estén interesados en activar en política, pero al mismo tiempo, les solicitó su retiro a partir del primero de enero de 2024. ¡Muy bien!
Lo anterior no es nada nuevo, pues ya se ha tenido experiencias de funcionarios que, en forma directa o disimulada, se han beneficiado de sus cargos para participar con ventaja en procesos electorales.
Tal como lo solicita la presidenta, lo correcto desde el punto de vista ético y moral es que el funcionario que tenga ambiciones políticas y desea participar en el próximo proceso eleccionario, se retire de la función pública y se dedique a su campaña política el momento que lo considere oportuno.
Según el calendario electoral, el 8 de septiembre de 2024 se convocará a elecciones primarias a todos los partidos políticos interesados en participar en la próxima contienda electoral.
Dado lo anterior, cualquier funcionario que esté interesado en seguir activando en política debería aprovechar su posición como funcionario público para hacer un excelente trabajo, utilizando en forma transparente, objetiva y productiva los recursos asignados a la institución que pertenezca, para así ganarse el voto como premio por una excelente labor.
Sin embargo, la experiencia en Honduras ha sido que muchos funcionarios públicos han utilizado su cargo y los recursos asignados a las instituciones que pertenecen para promover su campaña política.
Esperemos entonces a ver qué sucede y si las instrucciones de la presidenta son cumplidas y los funcionarios que desde ya desean iniciar su campaña, presentan su renuncia en la fecha estipulada por la presidenta.
Honduras necesita gobiernos que efectivamente estén interesados en conducir al país por la senda del crecimiento económico y social sostenido, que deseen utilizar bien los recursos nacionales para mejorar las condiciones de vida del hondureño y que se preocupen porque la justicia se aplique a todos los que delinquen, sin favoritismos de ninguna clase.
El imperio de la ley debe ser la norma y no la excepción en nuestro país.
Lo cierto es que las experiencias de otros países nos demuestran claramente que los gobiernos populistas, sean de partidos políticos de derecha o de izquierda, al llegar al poder actúan en forma similar.
El objetivo que ambos buscan es tener control absoluto del poder y ejercerlo en una forma autoritaria, sometiendo a la población bajo la justificación de la justicia social y aprovecharse de los recursos públicos para su propio beneficio.
Los hondureños tenemos que reaccionar ante los abusos de la clase política, independientemente del partido político a que pertenezcamos.
Tenemos que dejar de lado esa preferencia ciega hacia un partido político determinado y en su lugar, evaluar a los candidatos y seleccionar al que nos parezca que reúne las cualidades esenciales para ser un buen gobernante, que apoye la democracia y el funcionamiento de las instituciones, en tal forma de iniciar un nuevo derrotero, que convierta a Honduras en un país de esperanzas.
