La preocupación por la impartición de justicia ya no es asunto solo de algunos ciudadanos. Hace más de 20 años, sin las redes sociales y otros avances en la comunicación, arbitrariedades judiciales hacían mella en la conciencia de pocos actores, en escenarios desapercibidos. Ahora, al aire libre, mucho trasciende.
Por aquel entonces el descalabro de la justicia era poco conocida, por lo que hubo frágil oposición a la conformación de aquella Corte Suprema de Justicia, de la que se temía impulsaría la “sampedranizacion” de la justicia. Lo que sucedió.
Era referencia ingrata a la capital industrial, por la degradación en que habían caído tribunales de su jurisdicción y lo cual, como temido, se extendería. La politización, la mercantilización, la apropiación de la justicia por algunos barones de la política de entonces, nos condujo al actual estadio. Desde entonces el cohecho y el prevaricato fueron reconocidos pero impunes.
Cabe decir, que la mayoría honran la toga, incluidos actuales magistrados, pero la determinación de unos pocos nefastos logran generalizar el daño.
La presión se calmaba con una comisión presidencial para la administración de justicia, o nombre parecido. Sus participantes, comprometidos, aun después de escuchar algunos al finado decir que la tal comisión no resultaría, según le había confirmado su convocante, tal como aconteció.
La conformidad llegaba con un “pero mi conciencia está tranquila”. Ya no hay espacio para tranquilidad individual de conciencia. Ahora en que la preocupación por la impartición de justicia es de todas y todos, movilizarnos, hacernos presentes en las diferentes instancias de la toma de decisiones es mandato imperioso.
Si la presidenta Castro tuvo el desatino de llegar a los bajos del Congreso Nacional a golpear el Estado de derecho, imponiendo su junta directiva, la ciudadanía, sin diferencias ni egoísmos, debe acudir a exigir la legalidad de esa junta directiva y la patriótica elección de una Corte Suprema de Justicia.