“Derechos iguales para todos, privilegios especiales para ninguno”: Thomas Jefferson. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin distinción alguna, nacemos con ellos y así lo manda la Carta Universal de los DD HH y nuestra Constitución. En la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, celebrada en Viena, en 1993, se dispuso que todos los Estados tuvieran el deber de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales.
El principio de la universalidad de los DD HH es la piedra angular del derecho internacional de los DD HH, además son interdependientes, están interrelacionados y son indivisibles. Desde esta base, el privilegio, entendiéndose como tal la exención de una carga, gravamen, una obligación, una norma que una persona con autoridad concede a otra u otras en forma excepcional, rompe la universalidad de los DD HH.
Para que un Estado cumpla, en materia de DD HH, con los derechos económicos, sociales y culturales, sus políticas fiscales, por supuesto transparentes, juegan un papel fundamental. En países como el nuestro donde campean enormes desigualdades estructurales, altísimos niveles de miseria y pobreza y crecimiento económico inestable, la política fiscal representa el margen de maniobra que tiene el Estado para reducir las grandes brechas de desigualdad. Qué ingrato presente tiene y tenebroso futuro le depara al pueblo hondureño, inclementemente agredido desde la perversidad, cuando dentro del Congreso Nacional, y por no aprobar leyes tales como la de la Ficha Limpia, Anticorrupción y Colaboración Eficaz llegan a legislar individuos sin capacidad, sin ética y moral, ya de sobra conocidos, tal como el que, por sus actos reñidos con la ley está altamente cuestionado, recientemente acaba de mocionar pretendiendo la exoneración del pago de impuestos a funcionarios del Ministerio Público (fiscales) y del Poder Judicial (magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, jueces y juezas de todo el país) y quienes, con honrosas excepciones, por su actitud de dependencia, sumisión y negligencia, son los mayores responsables de la inmensa reinante impunidad. ¿Será que se merecen un premio por esto? Definitivamente un mal mensaje.
Aprobar esta exoneración sería otro acto de corrupción e implicaría conceder más privilegios a funcionarios ya de por sí privilegiados, ilegítimamente, al devengar altísimos salarios y jugosos gastos de representación, en detrimento de los derechos humanos de la mayoría y que es un insulto en un país que ocupa los primeros lugares de miseria y pobreza, entre otros que nos apenan. Lo inaudito es que ya públicamente se pronunció a favor una Asociación de Jueces y Juezas. Esta misma asociación publicó un artículo titulado “23 millones en sueldos para 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 9 meses”, de acuerdo a información del Poder Judicial, el 31 de octubre del 2018. Ejemplo: el titular de dicha Corte devengó, en nueve meses, el equivalente entre salario base y gastos de representación, la suma, nada despreciable, de L 1,635,594.57 (salario base mensual = L 152,781.10), salario base de magistrados = L 131,923.15. El salario promedio de un obrero = L 8,448.40.
Existe la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto, aprobada el 22 de abril de 2010, Decreto 17-2010, en cuyo artículo 65 dice lo siguiente: “Se establece un techo máximo de L 100,000 mensual en los salarios de los secretarios de Estado, directores y demás que ejerzan funciones de dirección o administración en cualquier dependencia del Estado. Estos salarios se ajustarán de acuerdo al deslizamiento de la moneda en relación al patrón monetario. Ningún salario puede ser superior al salario del Presidente de la República. También se establece un límite de L 20,000 mensuales por concepto de gastos de representación a los funcionarios antes mencionados...”
En el 2014 había 396 empleados, en 92 instituciones, catalogados como altos funcionarios con una erogación de L 442 millones de lempiras al año y de estos, 120 funcionarios tenían salarios mayores a L 100,000, violando la ley mencionada. ¿Cuántos la están violando, actualmente?
Ante tanta miseria y pobreza, los diputados del Congreso Nacional no deben perder más tiempo en privilegiar a personas o grupos, suficiente trabajo tienen para revisar todas esas exoneraciones fiscales a empresas nacionales y transnacionales, y derogarlas, que generan tan poco empleo y las ganancias que obtienen son inmensas. Legislar no es privilegiar.
El Poder Judicial y Ministerio Público a hacer lo que la Constitución les ordena y cuando esto suceda tendremos una patria donde se respetan, se protegen, se defienden y se amplían los DD HH. La justicia es la columna vertebral de la democracia
