Preocupación

Como Estado carecemos de fortalecimiento institucional, pues nuestras instituciones no son eficientes en cumplir con sus deberes como en asegurar servicios óptimos a los usuarios.

Tienen objetivos definidos, funcionan mediante una organización legal y disponen de recursos que les han sido asignados.

Ello debiera ser suficiente para que trabajen en procura del bien común y sincronizadas con lo que es el estatuto jurídico en que se fundan fundamento y que cohesione al estamento del que hace parte. Pero no sucede así. Y reclamamos por lo que es a todas luces grave falencia en el estado de derecho que añoramos y que pareciera solo es aspiracional y no el derecho adquirido que como tal, nos corresponde.

No hay que ser abogado para entender lo que son deberes y derechos, propios y ajenos. Menos hay que serlo para manifestar la voluntad de “respetar la ley y hacer que se respete”.

De ahí que no sea requisito para asumir un cargo de elección popular, el poseer conocimientos de legalidad más allá de a la que como ciudadanos podemos acceder, como es el conocimiento de la Ley.

De ahí que no sea posible evitar la preocupación con aspirantes presidenciales que a estas alturas crean que sus desmanes dictatoriales son gracias y pero aun que no solo crean sino que así sea, les atraigan favor popular.

Es tan necesario que erradiquemos el analfabetismo, el formal y el funcional. Este, en personas con oportunidades y aspiraciones a tantas cosas, debe ser condenable, pues hablar sin saber o peor, dislates, sabiendo, no es esperanza de mejora.

Es por lo que apelamos a escoger a conciencia a quienes conducirán nuestro país el próximo cuatrienio. No les permitamos a ellos improvisar y sorprendernos. Pero tampoco nosotros nos lo permitamos.