A dos días de la sucesión en Washington D. C., el Congreso norteamericano abrió formalmente el segundo proceso de enjuiciamiento político para Donald Trump: el primer presidente en los más de 200 años de existencia de Estados Unidos (EE. UU.) que es enjuiciado políticamente en dos ocasiones.
Caso contrario, en Honduras, al presidente actual, después de ser señalado en cortes internacionales, lo defiende y lo ratifica el Congreso Nacional; es más, hasta lo quiere premiar con dos años como en un espectáculo bizarro. En fin, la Fiscalía General de la República le aplaude y la Corte estadounidense lo aclama.
Los legajos de expedientes que fueron presentados por fiscales federales de EE. UU. en un tribunal de Nueva York, indican que el presidente Hernández, presuntamente, se lucró al introducir cocaína a los Estados Unidos junto a un supuesto narcotraficante; señalamiento que Casa Presidencial, a la velocidad de un rayo, calificó como «100 % falso». Además de un comunicado en donde se exponía que las investigaciones de la Administración de Control de Drogas —por sus siglas en inglés Drug Enforcement Administration (DEA)— de 2015 despejó a Hernández y que actualmente era «un socio de confianza» en la lucha de EE. UU. contra el crimen organizado.
Pero, como en los amores los «papelitos hablan», con los documentos contra Hernández, quien, a decir verdad, no ha sido acusado formalmente por autoridades estadounidenses y no ha sido mencionado por nombre en las mociones presentadas por los fiscales en Nueva York. En cambio, lo identifican como CC-4, es decir, coconspirador número 4, y lo describen como el hermano de Juan Antonio Hernández Alvarado. Simultáneamente, agregan que, en 2013, CC-4 «buscaba ser elegido como el presidente de Honduras como miembro del Partido Nacional de Honduras».
En efecto, así fue, a las buenas o a las malas, Juan Orlando Hernández ganó la Presidencia en noviembre de 2013. Luego, en una manoseada partida de peones y rastreros incondicionales fue reelecto, pasando por encima de cualquier intento de oposición, con una constitución abatida bajo el brazo y con la mano en lo alto —como el Führer— juró de nuevo como presidente.
Desde entonces, un enorme pantano de escándalos de corrupción, violaciones a la Constitución, abusos de autoridad, amenazas a quien se ponga enfrente y a todo aquel que tenga voces disonantes, es amenazado con las «armas secretas» de un Estado y un presidente hecho a imagen y semejanza del cariato —época presidencial de Tiburcio Carías Andino—.
Y por lo vientos de la hediondez que soplan en el duro invierno de la política, en Honduras está lejísimo un juicio político; sobre todo, cuando se está rodeado de víboras que manejan las leyes como el derecho al tráfico de la influencia y de la palmadita velona que pasa por debajo de la mesa el procedimiento de orden constitucional «interpretada» al estilo de las bancadas del Congreso, a la hora de señalar a un alto funcionario por violaciones graves a la Constitución, a las leyes que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos públicos.
Menos si se tratase de un ataque a la forma de gobierno representativo, a las violaciones de los derechos humanos, a la libertad de sufragio, a la usurpación de atribuciones, a cualquier infracción hacia la Constitución, a las leyes o a alguien que motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones, las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior y las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración pública.
Todo esto sucede a diario en los rincones del poder, con la venia del Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin que nadie se inmute dentro de esos círculos que hasta la oposición tiene un acomodo dorado en los salones de la política del reparto y el silencio.
Mientras tanto, una calle de Tegucigalpa fue acordonada por autoridades para realizar las investigaciones de un cuerpo encontrado esta mañana en la vía pública, dentro de un costal con huellas de violencia previa. La víctima fue identificada como Estado de derecho.
Caso contrario, en Honduras, al presidente actual, después de ser señalado en cortes internacionales, lo defiende y lo ratifica el Congreso Nacional; es más, hasta lo quiere premiar con dos años como en un espectáculo bizarro. En fin, la Fiscalía General de la República le aplaude y la Corte estadounidense lo aclama.
Los legajos de expedientes que fueron presentados por fiscales federales de EE. UU. en un tribunal de Nueva York, indican que el presidente Hernández, presuntamente, se lucró al introducir cocaína a los Estados Unidos junto a un supuesto narcotraficante; señalamiento que Casa Presidencial, a la velocidad de un rayo, calificó como «100 % falso». Además de un comunicado en donde se exponía que las investigaciones de la Administración de Control de Drogas —por sus siglas en inglés Drug Enforcement Administration (DEA)— de 2015 despejó a Hernández y que actualmente era «un socio de confianza» en la lucha de EE. UU. contra el crimen organizado.
Pero, como en los amores los «papelitos hablan», con los documentos contra Hernández, quien, a decir verdad, no ha sido acusado formalmente por autoridades estadounidenses y no ha sido mencionado por nombre en las mociones presentadas por los fiscales en Nueva York. En cambio, lo identifican como CC-4, es decir, coconspirador número 4, y lo describen como el hermano de Juan Antonio Hernández Alvarado. Simultáneamente, agregan que, en 2013, CC-4 «buscaba ser elegido como el presidente de Honduras como miembro del Partido Nacional de Honduras».
En efecto, así fue, a las buenas o a las malas, Juan Orlando Hernández ganó la Presidencia en noviembre de 2013. Luego, en una manoseada partida de peones y rastreros incondicionales fue reelecto, pasando por encima de cualquier intento de oposición, con una constitución abatida bajo el brazo y con la mano en lo alto —como el Führer— juró de nuevo como presidente.
Desde entonces, un enorme pantano de escándalos de corrupción, violaciones a la Constitución, abusos de autoridad, amenazas a quien se ponga enfrente y a todo aquel que tenga voces disonantes, es amenazado con las «armas secretas» de un Estado y un presidente hecho a imagen y semejanza del cariato —época presidencial de Tiburcio Carías Andino—.
Y por lo vientos de la hediondez que soplan en el duro invierno de la política, en Honduras está lejísimo un juicio político; sobre todo, cuando se está rodeado de víboras que manejan las leyes como el derecho al tráfico de la influencia y de la palmadita velona que pasa por debajo de la mesa el procedimiento de orden constitucional «interpretada» al estilo de las bancadas del Congreso, a la hora de señalar a un alto funcionario por violaciones graves a la Constitución, a las leyes que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos públicos.
Menos si se tratase de un ataque a la forma de gobierno representativo, a las violaciones de los derechos humanos, a la libertad de sufragio, a la usurpación de atribuciones, a cualquier infracción hacia la Constitución, a las leyes o a alguien que motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones, las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior y las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración pública.
Todo esto sucede a diario en los rincones del poder, con la venia del Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin que nadie se inmute dentro de esos círculos que hasta la oposición tiene un acomodo dorado en los salones de la política del reparto y el silencio.
Mientras tanto, una calle de Tegucigalpa fue acordonada por autoridades para realizar las investigaciones de un cuerpo encontrado esta mañana en la vía pública, dentro de un costal con huellas de violencia previa. La víctima fue identificada como Estado de derecho.
