El estado actual de los derechos humanos en nuestro país continúa acusando graves rezagos respecto a su protección y promoción por parte del Estado. Violencia, inseguridad, impunidad y represión siguen siendo la norma antes que la excepción. Algunos ejemplos: de cada 10 femicidios, 9 permanecen impunes, sin capturar y judicializar a los hechores; los defensores del medio ambiente y los recursos naturales: agua, bosques y suelos son perseguidos por defender sus comunidades de las industrias extractivas que contaminan
y depredan.
A despecho del hostigamiento y la desinformación que los presenta como “alteradores del orden público”, se mantienen firmes en sus justas posiciones ecologistas, actuando como guardianes del bien común comunitario, sea en el Valle de Siria, El Corpus, El Triunfo, Tocoa, La Unión, San Andrés, y los intentos de silenciarlos vía eliminación física, incluyendo a indígenas, no los acobarda ni silencia. La orientación sexual de personas LGBTTI sufre el odio traducido en asesinatos, discriminación laboral, estigmatización y deshumanización por parte de dirigencias religiosas y ciertos medios de
comunicación masiva.
La corrupción sistémica empobrece aún más las precarias condiciones de vida de amplios sectores sociales: el acceso a la educación y salud pública, de calidad, se torna harto difícil, por no decir inalcanzable. No es casual, entonces, que las caravanas de compatriotas migrantes prosiguen, pese a la satanización de que son objeto. Desempleo abierto y disfrazado, sequías, violencia, son las causales reales del éxodo masivo, no tramas conspirativas urdidas aquí o en el exterior. La profunda crisis humanitaria es aquí, en Honduras, donde esta presente, antes que en la frontera méxico-estadounidense.
El derecho a la protesta pacífica, amparado por nuestra Constitución Política, no debe ser, como ocurre, criminalizado. Esa vía de expresión del descontento colectivo debe ser canalizado y tomado en consideración por las autoridades antes que silenciado por la fuerza y la vía judicial.
Infantes y adolescentes, expuestos al maltrato, abandono, explotación sexual y laboral, significa la pérdida de toda una generación, que migra o delinque como estrategias de supervivencia ante un medio indiferente y hóstil ante su condición de indefensión. Quien desee ahondar en este complejo, dramático panorama es remitido al Informe Anual, 2018, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras; el Informe de Situación 2018 sobre los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras, por Unicef; Violencia contra las mujeres en la política, por el Instituto Nacional Demócrata; Informe Situacional de Derechos Humanos 2018, por ACI PARTICIPA; de la mano con el sur: Derechos Humanos y Defensa del Territorio, 2018, por Ciprodeh.
