El motín carcelario de esta semana en el que murieron casi cincuenta mujeres privadas de libertad en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS) de Támara, FM, ha reavivado el debate sobre las causas de la perenne crisis del sistema penitenciario nacional.
Expertos locales -muy conocidos después de tanta tragedia en los últimos veinticinco años- explican de nuevo ante los medios de comunicación las características de nuestro obsoleto modelo carcelario, mientras las autoridades dan explicaciones que suenan a excusas y proponen medidas de emergencia sin garantías de éxito.
En esta polémica sinfín en la que salen a relucir la soberbia, los discursos vacíos y las soluciones extremas, el siniestro ha dejado al descubierto -una vez más- la falta de memoria histórica y la negligencia, que serán confrontadas cuando ocurra una nueva catástrofe.
Las acciones de cooperantes y algunos funcionarios que se acercaron solidariamente al lugar de los hechos, contrastaron con el palabrerío que señala conspiraciones y adjudica culpas a otros. Hasta ahora el suceso le ha costado el puesto al titular de la Secretaría de Seguridad, mientras la “intervención” de los centros penales del país terminó como empezó: con más pena que gloria. Las acciones propuestas por el Poder Ejecutivo no son novedosas, excepto en la designación de la otrora satanizada Policía Militar de Orden Público (PMOP) para hacerse cargo del “problema”. La decisión es paradójica: no solo da marcha atrás a la “desmilitarización” anunciada por la Presidencia al inicio de su mandato, sino que “transfigura por obra y gracia refundacional” a la que fue llamada “guardia pretoriana del dictador” en el improbable héroe salvador, llamado a sofocar un incendio cuyas llamas se dejaron crecer hasta hacerse difíciles de contener.
Como bien se sabe, la práctica internacional especializada en el tema penitenciario desaconseja asignar a fuerzas militares o policiales estas faenas. Las razones son de fácil comprensión: se trata de funciones distintas a las de defensa de la seguridad nacional o interior, que requieren conocimientos especializados y el establecimiento de un modelo interdisciplinario que sepa y pueda lidiar con las diversas facetas que necesitan cumplirse en un régimen para las personas privadas de libertad. No es una tarea imposible, pero tampoco puede improvisarse. Los miembros de las fuerzas armadas que ahora atenderán este último llamado de auxilio, deberán actuar con tino y mucho cuidado para mantener el orden y convivencia en recintos ocupados por personas de distintos niveles de peligrosidad que quizás ellos mismos capturaron. Las organizaciones y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han de velar para que no se cometan excesos, y si ocurrieran, demandar su sanción oportuna.
No se puede resolver el desafío postergado e histórico de los centros penales del país con histrionismo y a través de las redes sociales. La tragedia de esta semana nos lo recordó con dureza.
