El término “tepecianos” se ha incorporado al vocabulario para referirse a los inmigrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS). Sin embargo, detrás de esta palabra aparentemente neutra se oculta una realidad marcada por la vulnerabilidad: miles de personas cuyas vidas quedaron suspendidas entre decisiones administrativas estadounidenses y las crisis que devastaron sus países de origen. Se les dio una respuesta transitoria a problemas estructurales de larga data y ahí está el problema.
El TPS fue creado por el Congreso de los Estados Unidos el 29 de noviembre de 1990 como un mecanismo humanitario destinado a proteger a quienes ya residían en el país y no podían regresar debido a guerras, desastres naturales o colapsos institucionales. En teoría, ofrecía un respiro temporal mientras los países afectados se recuperaban. En la práctica, esa recuperación nunca llegó o llegó de manera parcial.
Con el tiempo, el TPS dejó de ser una medida estrictamente humanitaria y se transformó en una herramienta diplomática para administrar flujos migratorios sin que diera seguridad permanente; lo que ha venido haciendo es prolongar la incertidumbre.
La palabra “tepecianos” sintetiza esta paradoja: personas que contribuyen a la economía, pagan impuestos y sostienen comunidades, pero cuyo futuro depende de decisiones administrativas que pueden cambiar abruptamente. Es una identidad construida desde la precariedad y utilizada políticamente tanto en Estados Unidos como en los países expulsores.
En Honduras, la situación adquiere un matiz más complejo. Los migrantes han sido utilizados como recurso electoral en sucesivas contiendas. En la última elección, toda la oposición prometió gestionar la ampliación del TPS y, para quienes no están inscritos, incluso la posibilidad de una vía hacia la residencia permanente. La migración se ha venido convirtiendo en plataforma discursiva, no en política pública.
El presidente hondureño, Nasry Asfura, ha realizado múltiples viajes a Estados Unidos y se ha reunido con funcionarios de alto nivel de la administración Trump. Sin embargo, según lo que se ha informado, estos encuentros no han producido avances significativos en temas cruciales para el desarrollo nacional. Hay una contradicción en este tipo de diálogos: lo que los países pobres piden, no se escucha; lo que Estados Unidos pide, se convierte en una orden.
El TPS cerró para Honduras y la mayor tragedia radica en que el país no cuenta con un programa de reinserción para los más de 55 mil hondureños. Son personas que nunca debieron abandonar su tierra si Honduras hubiera ofrecido condiciones mínimas de desarrollo y seguridad.
El retorno de los hondureños que vivieron más de dos décadas bajo el TPS evidencia una paradoja nacional: vuelven a un país con peores condiciones sociales, económicas y políticas que cuando emigraron. La recepción oficial contrastará con una realidad marcada por la pérdida de espacios físicos, vínculos comunitarios y redes familiares. Para muchos, el regreso implica enfrentar un entorno deteriorado que no logró reconstruirse durante su ausencia.
