En la mayoría de los países democráticos las personas gozan de libertad para poder reunirse mediante concentraciones o protestas pacíficas, como una opción para que compartan sus convicciones, propuestas, preocupaciones y alternativas de solución.Recientemente, en la ciudad de Choluteca se promovió una reunión a la que asistieron miles de personas con el objetivo de apoyar la inversión y la generación de empleo.
La reacción del gobierno fue realmente muy extraña, pues la Presidenta convocó al Consejo de Seguridad para solicitar que se investigara dicha marcha, ya que en su concepto había sido promovida con el objetivo de desestabilizar al gobierno. Esto ha provocado el temor de que, emulando a otros gobiernos antidemocráticos, este gobierno desee tomar represalias y someter a su control a los ciudadanos que deseen expresar sus opiniones, ya sea en forma individual o colectiva.
A propósito de lo anterior, recordemos lo que dice nuestra Constitución de la República. El artículo 78 indica que se garantizan las libertades de asociación y de reunión, siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres. El artículo 79 a su vez expresa que toda persona tiene derecho a reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial.
También es importante conocer lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica”. Esta libertad se garantiza a la ciudadanía sin exigir ninguna autorización previa o registro para las manifestaciones, aunque pueden existir razones válidas para restringirlas, como el caso reciente de la epidemia del covid-19 u otro tipo de situaciones que puedan afectar la integridad de los manifestantes.
Está claro que nadie puede abusar de ese derecho y las reuniones deben ser totalmente pacíficas y no lesionar los derechos de otros ciudadanos. La autoridad debe estar lista para detener cualquier acto violento, como saqueos, incendios provocados, agresiones, etc., si llegan a ocurrir.
Lo que adicionalmente causa extrañeza es que partidarios de los llamados “colectivos de Libre” se tomaron por la fuerza instalaciones públicas, centros de salud y hospitales exigiendo que se les concediera empleo y afectando a otros ciudadanos que se vieron privados de recibir los servicios y la atención médica que necesitaban y, sin embargo, en ningún momento el gobierno se reunió para analizar la situación y tomar las acciones necesarias. Posiblemente por ser un grupo afín al gobierno.
Volviendo al tema de la marcha, todos debemos estar conscientes de que la inversión privada, nacional y extranjera y la generación de empleos productivos van de la mano en cualquier país del mundo. Los gobiernos solo generan empleos burocráticos que consumen los recursos que aportan los ciudadanos vía impuestos y contribuciones. Cualquier gobierno sensato debería estar consciente de lo anterior y promover un entorno que sea amigable con la inversión productiva, sin emular gobiernos dictatoriales que tienen a sus ciudadanos bajo la bota de la represión.
