No le sobran horas al día, para que la impunidad en Honduras sea saciada.
Cada veinte horas muere una mujer de forma violenta, según los fríos datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).
Y es que vivimos en un país donde la violencia es una de las principales causas de la muerte de mujeres en las calles, donde la arbitrariedad y el mediocre plan de seguridad no pueden detener esta tragedia que viola el derecho a la vida y a la seguridad de las personas. Pero, sobre todo, las mujeres, que son especialmente vulnerables a la violencia, tanto en el ámbito doméstico como en el público, con graves consecuencias para sus derechos humanos, como el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica; a la salud, a la educación y al desarrollo, generando un clima de miedo e inseguridad que afecta a toda la sociedad y limita la participación y el empoderamiento de las féminas.
En una nación, cuyos destinos se encuentran en manos de una mujer, es mayor la desigualdad y la discriminación de género que perpetúan estereotipos y roles que subordinan a las mujeres y legitiman la violencia machista.
Con acceso fácil y legal o ilegal a las armas de fuego, que facilita su uso para amenazar, intimidar o agredir a las mujeres, más la corrupción del silencio que se pone los uniformes de la prevención, investigación y sanción de los delitos cometidos, frente a una vulgar protección efectiva a las víctimas y testigos.
Con un Ministerio de Seguridad encargado de diseñar e implementar las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana —quien hoy se encuentra aturdida—, en los últimos años se ha evidenciado una falta de eficacia y de coordinación en las políticas y acciones de este organismo frente a los desafíos que plantea el crimen, la corrupción y la impunidad, dejando malherida a las mujeres.
Otra puñalada es la falta de políticas públicas integrales y coordinadas para prevenir y erradicar la violencia contra las féminas que incluyan medidas legislativas, educativas, sociales y culturales.
Pero eso es pedir casi lo imposible. Para lavar tanta sangre hay que ser decisivo en acciones urgentes y efectivas por parte del Estado, la sociedad civil y ante tanta inoperancia, habrá que gritar a la comunidad internacional para fortalecer la regulación y el control del comercio, el tráfico y la posesión de armas de fuego, reformar el sistema de justicia criminal para mejorar la coordinación entre la policía, las fiscalías, los juzgados y el sistema penitenciario, además de agilizar los procesos judiciales, reducir la impunidad y establecer mecanismos efectivos para proteger a las víctimas y testigos de la criminalidad, como órdenes de alejamiento, refugios o programas de asistencia legal y psicosocial.
En vez de agitar los colectivos políticos para el caos, hay que promover iniciativas estratégicas para prevenir y reducir la violencia en las comunidades más afectadas por este fenómeno, como ser: programas educativos, culturales o deportivos que fomenten una cultura de paz y respeto a los derechos humanos.
En lugar de reunir a ese Consejo de Ministros que no aconsejan nada bueno, hay que sensibilizar e involucrar a todos los sectores sociales en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, especialmente a los hombres y los jóvenes, para que asuman un rol activo en el cambio de actitudes y comportamientos machistas.
Es hora de ponerle fin a esta tragedia, la primera mujer presidenta debe ser fuerte y poner en marcha una acción conjunta y decidida por parte del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional. Solo así se podrá garantizar el derecho a la vida y a la seguridad de todas las mujeres; caso contrario, Honduras tiene las horas contadas, porque a este país lo parimos todas.
