La Comisión Permanente de Contingencias de Honduras (COPECO) nació con las mejores intenciones, como suele pasar en estos menesteres de la Administración pública, siempre con el eslogan dulzón, gastado y desteñido de los discursos oficiales: «para servir al pueblo».
El COPEN —llamado así en el momento de su creación— mediante un decreto de ley en marzo de 1973, tuvo sus momentos de gloria como en el huracán Fifí del 74, donde prestó un servicio de pronta acción para socorrer las víctimas en el norte; luego, en el huracán Mitch, —octubre de 1998— fenómeno natural en el que su labor no puede ser discutida. Todo esto impulsó reformas con las cuales se buscó sentar las bases de una institución moderna que pudiera desempeñar un rol de protección civil. En base a ese reglamento reformado, se nombró al primer comisionado nacional civil de COPECO.
Con el dinero del pueblo se les proporcionó equipos de última generación para sus sistemas de alerta temprana, a su vez, se les insertó en procesos comunitarios participativos de organización para prevenir desastres, y así esta institución fuera capaz de organizar, dirigir, adoptar medidas preventivas y de coordinación e integrar esfuerzos participativos para proteger la vida, bienes y el entorno de los habitantes del país, con recursos y capacidades técnicas necesarias para lograr una gestión de riesgo efectiva con políticas y planificación de desarrollo sostenible.
Eso era COPECO, hasta hoy que en el epicentro de la pandemia del COVID-19, ha estado ensartado en nuestras cabezas cada noche con sus cadenas programadas, asimismo, se convirtió en la estrella que pasó a ser investigada para rendición de cuentas por la infección viral que arrastra anomalías en el proceso de esta emergencia hecha para la corrupción directa, donde la impunidad no tiene licitación; pero sí, facturas alteradas por compras sobrevaloradas de ventiladores, televisores, cafeteras, mascarillas, guantes y gel antibacterial que limpian todo, menos la conciencia tejida con los hilos delgados de la miseria humana que estructura estas redes de corrupción, desmadejada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien recientemente presentó un primer informe denominado: «La corrupción en tiempos del COVID-19», donde detectó el virus mortal de irregularidades en la adquisición de insumos médicos, con una sobrevaloración de 3.6 millones de lempiras en la compra de mascarillas, que al parecer también sirve para asaltar los fondos asignados para hacerle frente al coronavirus por parte del Gobierno.
El CNA constató que la información contenida en la web de la Secretaría de Finanzas desde el tres de abril hasta la fecha, COPECO, Invest-Honduras y las transferencias municipales superaban los L 2,195,092,789.07 millones de lempiras, mismos fondos que fueron utilizados de la siguiente manera: 81 % en bienes, 16 % en transferencias municipales, 3 % en recurso humano y 0.2 % en obras; pero la información brindada por el sitio web no cumple con los requisitos mínimos de transparencia y en rendición de cuentas que establece la ley.
Como resultado de las denuncias contra la COPECO, se ha suspendido al administrador y a otro personal menor relacionado con las compras realizadas durante la emergencia de la pandemia COVID-19, pero aún no pasa nada con los personajes de poder que redactan cada factura con la tinta sangre de las víctimas que se esconde bajo los libros de contabilidad, calculando los muertos y estructurando el nuevo negocio de hospitales móviles y ataúdes, por mientras llega la vacuna que pare esta tragedia, pero pensándolo bien, habrá que comprar 9 millones de inyecciones a precio solidario para la mafia política que no conoce distancias para atacar con el virus de corrupción, que anda en las calles, libre y feliz.
Pero los encerrados somos nosotros.
El COPEN —llamado así en el momento de su creación— mediante un decreto de ley en marzo de 1973, tuvo sus momentos de gloria como en el huracán Fifí del 74, donde prestó un servicio de pronta acción para socorrer las víctimas en el norte; luego, en el huracán Mitch, —octubre de 1998— fenómeno natural en el que su labor no puede ser discutida. Todo esto impulsó reformas con las cuales se buscó sentar las bases de una institución moderna que pudiera desempeñar un rol de protección civil. En base a ese reglamento reformado, se nombró al primer comisionado nacional civil de COPECO.
Con el dinero del pueblo se les proporcionó equipos de última generación para sus sistemas de alerta temprana, a su vez, se les insertó en procesos comunitarios participativos de organización para prevenir desastres, y así esta institución fuera capaz de organizar, dirigir, adoptar medidas preventivas y de coordinación e integrar esfuerzos participativos para proteger la vida, bienes y el entorno de los habitantes del país, con recursos y capacidades técnicas necesarias para lograr una gestión de riesgo efectiva con políticas y planificación de desarrollo sostenible.
Eso era COPECO, hasta hoy que en el epicentro de la pandemia del COVID-19, ha estado ensartado en nuestras cabezas cada noche con sus cadenas programadas, asimismo, se convirtió en la estrella que pasó a ser investigada para rendición de cuentas por la infección viral que arrastra anomalías en el proceso de esta emergencia hecha para la corrupción directa, donde la impunidad no tiene licitación; pero sí, facturas alteradas por compras sobrevaloradas de ventiladores, televisores, cafeteras, mascarillas, guantes y gel antibacterial que limpian todo, menos la conciencia tejida con los hilos delgados de la miseria humana que estructura estas redes de corrupción, desmadejada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien recientemente presentó un primer informe denominado: «La corrupción en tiempos del COVID-19», donde detectó el virus mortal de irregularidades en la adquisición de insumos médicos, con una sobrevaloración de 3.6 millones de lempiras en la compra de mascarillas, que al parecer también sirve para asaltar los fondos asignados para hacerle frente al coronavirus por parte del Gobierno.
El CNA constató que la información contenida en la web de la Secretaría de Finanzas desde el tres de abril hasta la fecha, COPECO, Invest-Honduras y las transferencias municipales superaban los L 2,195,092,789.07 millones de lempiras, mismos fondos que fueron utilizados de la siguiente manera: 81 % en bienes, 16 % en transferencias municipales, 3 % en recurso humano y 0.2 % en obras; pero la información brindada por el sitio web no cumple con los requisitos mínimos de transparencia y en rendición de cuentas que establece la ley.
Como resultado de las denuncias contra la COPECO, se ha suspendido al administrador y a otro personal menor relacionado con las compras realizadas durante la emergencia de la pandemia COVID-19, pero aún no pasa nada con los personajes de poder que redactan cada factura con la tinta sangre de las víctimas que se esconde bajo los libros de contabilidad, calculando los muertos y estructurando el nuevo negocio de hospitales móviles y ataúdes, por mientras llega la vacuna que pare esta tragedia, pero pensándolo bien, habrá que comprar 9 millones de inyecciones a precio solidario para la mafia política que no conoce distancias para atacar con el virus de corrupción, que anda en las calles, libre y feliz.
Pero los encerrados somos nosotros.
