Semana Santa 2026
No podemos negar que Honduras es un país que requiere urgentemente de transformaciones estructurales para lograr un proceso de desarrollo económico y social sostenido y equitativo. Lo anterior requiere de una visión y plan de país de largo plazo, acompañado de un proceso de ejecución eficiente y focalizado, independientemente de los ciclos de gobierno.
Complementariamente, se necesita un círculo virtuoso donde funcione el Estado de derecho y las instituciones políticas fomenten políticas inclusivas, lo que confiere poder a un segmento más amplio de la sociedad y hace que las reglas del juego sean más equitativas y respondan a las expectativas de la ciudadanía. Para fortalecer el proceso, se requiere también de un marco institucional donde existan los pesos y contrapesos para evitar la concentración de poder, que las leyes se apliquen sin favoritismos y los recursos públicos se usen en forma transparente y eficiente, para beneficio de las grandes mayorías.
Para impulsar esos cambios transformadores es necesario que todos los hondureños nos unamos en una sola voluntad y presionemos a los gobiernos de turno para iniciar ese giro de 180 grados que se necesita, pero no motivados por intereses mezquinos, sino que buscando el bien del país y de todos.
Los recientes movimientos de protesta, que inicialmente fueron motivados para exigir la eliminación de dos decretos ejecutivos relacionados con la educación y la salud, han continuado por una parte de los dos gremios supuestamente afectados, agrupados bajo la Plataforma por la Transformación de la Salud y la Educación, a pesar de que los mencionados decretos fueron eliminados y el gobierno ha convocado a un diálogo para analizar y consensuar posibles soluciones que logren mejorar los servicios ofrecidos por el Estado en ambos sectores.
Las manifestaciones que desde hace unas semanas se vienen dando han sido infiltradas por maras y delincuentes que se han aprovechado para cometer actos vandálicos y robar negocios, incendiar vehículos de carga y transporte y hasta provocado lesiones a otras personas. Esto no debería ser permitido por los organizadores porque desprestigia su movimiento y pone en riesgo la vida y los bienes de personas inocentes. La autoridad tiene que actuar para proteger a la gran mayoría de los ciudadanos.
La Constitución de la República establece que toda persona tiene derecho a reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, pero este derecho no es absoluto, puesto que nadie puede realizar actos que perjudican a otros.
Si las partes en conflicto tienen un interés genuino de transformación, el camino a seguir es participar en los diálogos convocados por el gobierno y presentar sus propuestas para discusión y análisis. Y una vez llegado a un consenso, convertirse en vigilantes para exigir que lo acordado se convierta en hechos concretos.
Los actos de vandalismo provocan incertidumbre y una menor actividad económica, que después se convertirá en menor inversión privada, cierre de negocios y desempleo, que al final vendrá a repercutir negativamente en los hondureños de menores recursos. Las luchas fratricidas solo siembran el odio y la discordia.
