Muchos políticos padecen de lo que se denomina “La megalomanía del poder”, es decir, que tienen un concepto elevado de sí mismos, se creen superiores a todos los demás y se comportan con delirios de grandeza y omnipotencia. En Honduras tenemos muchos políticos con estas características.
En estos momentos nuestro país está pasando por una etapa crucial para su democracia, gobernabilidad y funcionamiento del Estado de derecho. Las fuerzas políticas están en franca pelea por controlar las posiciones de fiscal general y fiscal adjunto, simplemente para tomar control y seguir gozando de inmunidad en sus actuaciones futuras. Esta ha sido la experiencia del pasado y seguirá siendo el objetivo de la clase política que gobierna nuestro país. No me cansaré de enfatizar que nuestra Constitución de la República manda en su artículo 4 que la forma de gobierno se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. Pero para nuestros políticos esto es pura teoría.
El Congreso Nacional tiene entre sus responsabilidades principales: crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes; elegir para el periodo que corresponda y de la nómina de candidatos que le proponga la Junta Nominadora, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; interpretar la Constitución de la República en sesiones ordinarias, en una sola legislatura, con 2/3 de los votos de la totalidad de sus miembros, sin que puedan interpretarse los artículos 373 y 374 constitucionales; hacer la elección de los miembros del Tribunal Superior de Cuentas, procurador y subprocurador general de la república, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, fiscal general de la república y fiscal adjunto...; recibir la promesa constitucional al presidente de la república; aprobar el presupuesto general de la república; establecer impuestos y contribuciones, etc.
Por su parte, la Fiscalía General de la República tiene la responsabilidad de velar porque la función jurisdiccional penal se ejerza eficazmente, de conformidad con las leyes procurando que se observen estrictamente los plazos señalados en las mismas, interponer los recursos que procedan e instar todas las actuaciones pertinentes, incluso a favor del imputado; ejercitar las acciones, interponer los recursos, promover, los incidentes, oponer las excepciones e instar las actuaciones y diligencias que la ley atribuya al Ministerio Público.
Resulta evidente entonces que las fuerzas políticas están en una lucha directa por tomar el control de la Fiscalía General de la República que nombran funcionarios adeptos a sus intereses políticos, no con el objetivo de fortalecer al imperio de la ley y la lucha contra la corrupción e impunidad que son flagelos que han lacerado nuestro país por muchos años y bajo cualquier bandera política, sino que para seguir abusando de las mieles del poder, sin temor a sufrir consecuencias por la aplicación de la ley.
Para que el país se pueda desarrollar e inspire confianza es imprescindible que las instituciones funcionen, que se respete la ley, que se castigue a los delincuentes sin importar su posición ni color político. Con nuestros políticos esto es y seguirá siendo una utopía.
