La actual crisis política y jurídica del Estado de Honduras provocada por la intromisión perversa entre los poderes Ejecutivo y Legislativo ha creado un complejo conflicto que bordea las fronteras de lo inestable, lo radical, la confrontación y la violencia, surgiendo un debilitamiento institucional y quiebra del Estado de derecho cuyas consecuencias son imprevisibles e impredecibles que, de no resolverse oportunamente este entuerto político-jurídico socavará indefectiblemente el régimen democrático, económico y social del país.
La forma cómo fueron nombrados los fiscales interinos, según expertos en Estado de derecho, fue hecho al margen de la ley, y pensar que estos profesionales interinos son conocedores de la constitución y de las leyes, y a sabiendas de la inconstitucionalidad del procedimiento de sus nombramientos no renunciaron, lo cual era de esperarse, porque fueron seleccionados como hombres probos, rectos y respetuosos de la ley, decidieron por hacer comparsa con el propósito político del melismo. Percibe entonces la comunidad hondureña e internacional que estos procedimientos legislativos para nombrar los fiscales interinos son orientados expresamente para perseguir políticos opositores al gobierno, lograr impunidad para sus parciales y obstaculizar la extradición a la justicia de EE UU de diputados, funcionarios públicos y otros amigos del actual gobierno.
Es preocupante y digno de tomar muy en cuenta que, gobernantes desde Casa Presidencial utilizan a grupos interpuestos como colectivos de Libre, diputados melistas, policías, militares, funcionarios públicos para potenciar, facilitar, encubrir y realizar violencias físicas y violaciones al Estado de derecho. Estas demostraciones dan el mensaje que lo único que les importa es la eficacia de sus acciones y no al respeto y menos su imagen, por lo que utilizan cualquier medio para alcanzar sus objetivos políticos.
Ellos, los diputados melistas, la presidenta Xiomara Castro y el melismo, han venido minando el Estado de derecho y debilitando la institucionalidad, por lo tanto, el pueblo hondureño ante este Estado de indefensión aspira a ver el comportamiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia inclinados hacia la verdad, el juicio justo y la justicia cristalina para que resuelva en la cuestión jurídica, la cuestión política. La ONU y la OEA son organismos internacionales con suficiente solvencia en resolver conflictos; crisis políticas, jurídicas e institucionales, por lo tanto, de no resolver satisfactoriamente el conflicto el Poder Judicial, sugerimos, respetuosamente, acudan urgentemente a la invitación formulada por los partidos políticos, diputados y pueblo hondureño en oposición al gobierno socialista de Xiomara Castro, para mediar en la crisis del Estado de Honduras encaminándolo por sendas del fortalecimiento democrático, la gobernanza, el Estado de derecho y mantener incólume la independencia de los poderes del Estado.
El pueblo hondureño en oposición al gobierno melista debemos mantener el espíritu de unidad nacional como el motor político que impulsa a proteger la democracia y las libertades inherentes del ser humano. Queda planteado.
