Ambos tuvieron un común denominador: impedir la continuidad de medidas oficiales de carácter reformista, incluyente, modernizante. En uno y otro sectores civiles y castrenses de extrema derecha se coaligaron para respaldar el derrocamiento de gobiernos constitucionales.
Los dos fueron reprimidos violentamente para impedir que la ciudadanía ejerciera el artículo constitucional que establece: “El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.
El que depuso al régimen de Villeda Morales ocurrió posterior a la tentativa golpista de 1959 emprendida por el coronel Velásquez Cerrato, respaldada por Somoza.
Tras un día de combate en que sectores civiles liberales y la Guardia de Honor Presidencial lograron vencer a los alzados y ala Policía Nacional, mientras las Fuerzas Armadas permanecían a la expectativa, sin acudir a defender al gobierno, interviniendo hasta que se evidenció el fracaso de la sedición. Lejos de arrestar al cabecilla, lo escoltaron a embajada centroamericana en donde se le otorgó asilo.
El 3 de octubre de 1963, a diez días de realizarse elecciones, el jefe de las Fuerzas Armadas, coronel Oswaldo López Arellano, encabezó el golpe, con elevado saldo de víctimas, calculadas por la revista inglesa The Economist en 500 muertos. Este ha sido el más sangriento de los perpetrados en Honduras. La Administracion Kennedy no reconoció al régimen de facto, al ser asesinado este, su sucesor Johnson procedió a otorgarle legitimidad diplomática.
El Partido Nacional y la United Fruit Co. apoyaron su caída, opuestos a la emisión del Código de Trabajo y la Ley de Reforma Agraria (pese a que ya había sido modificada por presiones de la transnacional y sus respaldos en el Senado estadounidense). El ocurrido el 28 de junio 2009, alentado y financiado por sectores empresariales, respaldado por los partidos políticos tradicionales, las jerarquías católica y protestante, los poderes Legislativo y Judicial, medios de comunicación y la Administración Obama, fue justificado alegando que el gobernante Zelaya Rosales pretendía ampliar su mandato vía cuarta urna (encuesta de opinión sobre reformas constitucionales), con lo que violaba la Carta Magna.
El Congreso procedió a destituirlo, respaldado por la Corte Suprema de Justicia, tras evidenciar que la supuesta renuncia era apócrifa, habiendo falsificado la firma del mandatario. Se sostuvo se trataba de una “sucesión presidencial”, figura jurídica inexistente en la Constitución vigente. El Legislativo carecía de facultad legal para suplantarlo. Su secuestro y deportación hacia Costa Rica violaron sus garantías constitucionales.
Las reformas políticas económicas iniciadas por Zelaya Rosales alarmaron tanto a empresarios como a las transnacionales energéticas. El rechazo popular al golpe fue reprimido tanto por sectores militares policiales como por elementos paramilitares, actuando en total impunidad. Perdedores: la frágil institucionalidad, los derechos humanos, la ruptura del oligopolio Liberal-Nacional, vigente por más de un siglo, la población polarizada hasta hoy. Como afirma la compatriota politóloga Ana Ortega:
“La élite política dejó al descubierto el entramado de vínculos e intereses con sectores empresariales, religiosos y comunicacionales, respaldados por las Fuerzas Armadas y la injerencia directa de Estados Unidos, quienes atentaron contra la incipiente institucionalidad, de manera abierta y violenta. Así, la delgada frontera entre la legalidad y la ilegalidad desapareció sin ninguna consecuencia”. (Crisis poselectoral en Honduras. Tegucigalpa, 2018, p. 5).
