El uso de los fideicomisos públicos en Honduras ha sido objeto de un amplio debate, especialmente a partir de experiencias registradas en administraciones anteriores que evidenciaron debilidades en su diseño, ejecución y supervisión.
Dichas experiencias generaron cuestionamientos válidos sobre la transparencia y el control de los recursos públicos administrados bajo esta figura. No obstante, desde una perspectiva técnica y jurídica, resulta impreciso afirmar que el fideicomiso sea, por sí mismo, un instrumento inadecuado. El problema radica en la ausencia de una normativa específica que regule su aplicación cuando el Estado actúa como fideicomitente o beneficiario.
El fideicomiso es una figura jurídica y financiera ampliamente utilizada en el ámbito privado y en la gestión pública a nivel internacional, debido a su capacidad para aislar patrimonios, definir objetivos específicos, establecer reglas claras de administración y asegurar un mayor control sobre los recursos.
En Honduras, esta figura ya se encuentra regulada en la legislación vigente y es operada principalmente por instituciones bancarias supervisadas, las cuales cuentan con capacidades técnicas, sistemas de control interno y mecanismos de auditoría que garantizan, en condiciones normales, una gestión adecuada.
El nuevo gobierno ha planteado la intención de recurrir nuevamente a los fideicomisos como una herramienta de apoyo a la gestión pública, reconociendo su potencial para mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos estratégicos. Esta decisión resulta técnicamente válida, siempre que se acompañe de un proceso de fortalecimiento normativo que permita corregir las debilidades observadas en el pasado y reducir los riesgos asociados a la discrecionalidad y a la falta de rendición de cuentas.
Cuando el fideicomiso involucra recursos públicos, su naturaleza adquiere un carácter especial que exige mayores estándares de control. No se trata únicamente de eficiencia operativa, sino de garantizar el uso correcto de fondos que pertenecen al Estado y, por ende, a la ciudadanía. En este contexto, se vuelve imprescindible establecer un marco legal o reglamentario específico para los fideicomisos públicos, que defina con claridad los criterios de constitución, los procesos de selección del fiduciario, los mecanismos de supervisión, las obligaciones de información y las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de su gestión.
Desde una perspectiva técnica, el fortalecimiento de los fideicomisos públicos no debe entenderse como una sustitución de las funciones del Estado, sino como un mecanismo complementario de administración, sujeto a reglas claras y a una supervisión estricta por parte de los órganos de control. La clave está en diseñar una normativa que garantice trazabilidad de los recursos, acceso público a la información, auditorías independientes y evaluación permanente de resultados.
En conclusión, los fideicomisos públicos, correctamente regulados y administrados, pueden constituir una herramienta eficaz para mejorar la ejecución del gasto y la calidad de los servicios públicos. Honduras tiene la oportunidad de transformar una figura cuestionada en un instrumento técnico sólido, capaz de contribuir al desarrollo nacional, siempre que se establezcan los controles necesarios y se garantice una gestión transparente, eficiente y orientada a resultados.
