Columnistas

Estado de derecho e independencia de poderes

En estos momentos en que nuestro país está inmerso en el proceso para la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal, y que nuestros políticos se encuentran en los cabildeos usuales para tratar de nombrar en dichos cargos a profesionales que sean afines a sus intereses partidarios y, además, obedientes a sus instrucciones, es vital que los hondureños cobremos conciencia de la importancia que reviste este proceso para el futuro de nuestro país.

Para empezar, nuestra Constitución de la República en su artículo 4 claramente define que “la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación”.

Para que un Estado funcione se necesita que los tres poderes actúen dentro del marco de sus competencias y cumpliendo con la ley, pero si no existe la independencia de poderes y lo que hay es una subordinación para acatar las órdenes de uno de los poderes, entonces se genera un clima de impunidad que inclina a los abusos y a la violación del marco legal. Esto es lo que ha sucedido en Honduras durante muchos años y lo que todos los ciudadanos deberíamos tratar de evitar que continúe sucediendo. No puede ser que políticos inescrupulosos sigan haciendo de las suyas y que los ciudadanos nos quedemos como testigos mudos y sigamos sufriendo las consecuencias.

Reciente y accidentalmente conocí la opinión de un ciudadano que, posiblemente, cegado por sus simpatías partidarias, expresaba que no podía ser que los partidos políticos opositores trataran de evitar que el ganador se llevara todo, como había sido la tradición en Honduras. Bajo este concepto debemos seguir permitiendo que los políticos sigan siendo los que se benefician de los recursos del Estado y presenciando con desidia el mal uso de los recursos públicos y los pésimos servicios que presta el Estado a los ciudadanos.

Necesitamos que en Honduras impere el Estado de derecho, en donde todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley, incluidos aquellos que ostentan el poder. Las Naciones Unidas definen el Estado de derecho como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan.

Adicionalmente, esta definición exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.

Si los hondureños deseamos que Honduras prospere, que todos los hondureños, independientemente de sus inclinaciones políticas, tengan oportunidades para mejorar su vida y las de sus familias, todos debemos exigir esas transformaciones para que nuestro país pueda salir del subdesarrollo.

La inversión privada necesita que el país ofrezca garantías de respeto a la ley y que cese la impunidad para unos pocos. Los recursos públicos deben utilizarse en forma eficiente y transparente para promover el desarrollo económico y social sostenible. La indiferencia y el oportunismo solo sirven para que unos pocos se beneficien.