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Elecciones: ¿avanzamos o retrocedemos?

Las soluciones a las crisis que se presentan llevan en sí el germen de unas nuevas crisis, esto es el resultado de decisiones y acciones incompletas que nunca terminan de resolver los problemas de raíz. Intereses particulares, como una constante, se imponen a los intereses generales de la nación. No salimos de una crisis cuando ya estamos en otra.

Después de los gobiernos militares, que gobernaron unos 18 años, desde el golpe de Estado de 1956, pasando por la irrupción del orden constitucional en 1972, hasta su salida en 1982, momento en el cual se inicia una etapa a la cual los más optimistas denominaron transición hacia la democracia. Este período terminó con un nuevo golpe de Estado en 2009. Si se hace un balance de esa experiencia histórica —transición democrática—, es fácil llegar a la conclusión de que los resultados fueron pobres; factores internos y externos hicieron que esa experiencia no aportara una institucionalidad fuerte, que fortaleciera las bases de una democracia auténtica.

Con los sucesos del 2009, se nombró la Comisión de la Verdad por parte del Ejecutivo, integrada por profesionales nacionales y extranjeros. La Comisión rindió un informe completo sobre lo sucedido e hizo recomendaciones; en materia electoral señaló la necesidad de asegurar y preservar la autonomía del ente regulador de los procesos electorales respecto a la influencia de los partidos políticos para lograr la legitimidad y confianza en los procesos electorales.

De igual manera se hicieron las recomendaciones referidas al Registro Nacional de las Personas (RNP), sobre ese aspecto se dijo por parte de los especialistas de la Comisión que era necesario reforzar la entidad registral en virtud de que la tarjeta de identidad es el fundamento de la seguridad jurídica personal y el instrumento de identificación de todas las relaciones del ciudadano con el Estado. Se vio al registro de las personas como una función esencial del Estado y no de los partidos políticos. Si estas recomendaciones se hubiesen aprobado, muchos de los conflictos que se han presentado en la votación, conteo e información de los datos en el actual proceso electoral se hubiesen evitado y tendríamos un sistema más robusto.

Desde luego, hay otros temas que pudieran modernizar la democracia electoral. Se pensó, por parte de los dirigentes de los partidos, que, con la ampliación de la composición del organismo electoral, el actual CNE, se resolverían los problemas, todo lo contrario, se han agudizado. El actual sistema está construido para hacer arreglos partidarios, en función de intereses personales y de grupo.

El sistema normativo, cuando es racional, en favor de la democracia, con los líderes políticos que se tiene, no funciona. Para los políticos corruptos la institucionalidad ética es un estorbo. El sistema electoral, como está diseñado, permite todo tipo de manoseo, incluyendo el cambio de actas de votación y la sustitución de candidatos en puestos de elección. Peligrosamente, vivimos un caos y el caos es estimulado por los que se ven acosados frente a la perspectiva de castigo a la arbitrariedad.