Con el nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) (2020-2021), se ha elegido por primera vez en su historia a un hondureño: Jorge Canahuati Larach, del Grupo OPSA; un hombre que ha subrayado el compromiso de la organización con la responsabilidad de seguir monitoreando y denunciando los atropellos contra la libertad de prensa en la región más violenta, agresiva y presionada para ejercer el periodismo.
Países de nuestra América se encuentran incrustados en la nota roja de un periodismo, donde las agresiones, amenazas y limitaciones en contra del ejercicio de la libertad de expresión son una constante, sumado a la impunidad que vigila en las sombras, violando cada movimiento del acceso a la información pública, donde los periodistas han sufrido cárcel, persecución, aislamiento, exilio y muerte. Para el caso de Honduras, se trata de uno de esos países donde no existe ninguna Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, pese a que ya hemos llegado a la suma dolorosa de 85 comunicadores asesinados en el país desde el 2001.
El más reciente caso fue el del periodista Luís Almendares, quien ya había recibido diez amenazas de muerte y ya había interpuesto 10 denuncias ante la policía y ante los mecanismos gubernamentales de derechos humanos, pero ninguno le prestó atención.
Así de oscuras e inoperantes son las instituciones remendadas con política y servilismo que parece que se coluden con el crimen para agravar la situación de los derechos humanos que se vive en el país, esas que desde el poder han redactado líneas oscuras contra la prensa, cuando estos denuncian actos de corrupción o se enfrentan al crimen organizado, a la minería ilegal, al tráfico de los recursos naturales y a los abusos gubernamentales que ponen sobre el cuello de la prensa, esa guillotina que ellos llaman leyes contra la «difamación de injurias y calumnias». Una vieja práctica que nadie puede establecer qué, cuándo y cómo hay que castigarla, pero que desde el Congreso amenazan con penas carcelarias, cuando la jurisprudencia moderna indica que debe tratarse como un tema civil.
El derecho a la información, que en cualquier democracia por muy miserable que sea, resulta ser un tema indispensable para todos los periodistas, en virtud de dar a conocer cualquier situación crítica, de inseguridad, corrupción y criminalidad. Estas características son las que azotan al país en una escalada que desbarata el entramado del Estado de derecho, en medio de la total ausencia de un marco legal adecuado en materia de protección y sin asomo de implementación de políticas públicas en materia de defensa para el periodismo, esa que cada día se ve silenciada desde la acumulación de poderes mediáticos y que los políticos han concentrado como un enorme peligro para el derecho fundamental de la información.
Por eso, es oportuna la elección de Canahuati ante la SIP, quien en su discurso de aceptación ha planteado:
Sin medios, ni periodistas, existe menos protección para la gente, menos fiscalización de las entidades públicas y privadas, desbordando la corrupción, la pobreza y el autoritarismo. Una sociedad sin medios va en camino a la autodestrucción. Esta confianza es imprescindible para construir opinión pública y democracia. Es necesario poner un alto a la impunidad que rodea los crímenes contra periodistas, a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este esfuerzo, nuestro norte es buscar justicia y verdad, además de construir memoria y que los familiares de nuestras víctimas sean reparadas moral y económicamente.
Un hombre de desafíos es Jorge Canahuati, seguro que en esta cruzada, desde la SIP —entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, compuesta por más de 1300 publicaciones del hemisferio occidental, con sede en Miami, Florida, Estados Unidos—, podrá dejar un camino menos espinoso para el acceso a la información.
Países de nuestra América se encuentran incrustados en la nota roja de un periodismo, donde las agresiones, amenazas y limitaciones en contra del ejercicio de la libertad de expresión son una constante, sumado a la impunidad que vigila en las sombras, violando cada movimiento del acceso a la información pública, donde los periodistas han sufrido cárcel, persecución, aislamiento, exilio y muerte. Para el caso de Honduras, se trata de uno de esos países donde no existe ninguna Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, pese a que ya hemos llegado a la suma dolorosa de 85 comunicadores asesinados en el país desde el 2001.
El más reciente caso fue el del periodista Luís Almendares, quien ya había recibido diez amenazas de muerte y ya había interpuesto 10 denuncias ante la policía y ante los mecanismos gubernamentales de derechos humanos, pero ninguno le prestó atención.
Así de oscuras e inoperantes son las instituciones remendadas con política y servilismo que parece que se coluden con el crimen para agravar la situación de los derechos humanos que se vive en el país, esas que desde el poder han redactado líneas oscuras contra la prensa, cuando estos denuncian actos de corrupción o se enfrentan al crimen organizado, a la minería ilegal, al tráfico de los recursos naturales y a los abusos gubernamentales que ponen sobre el cuello de la prensa, esa guillotina que ellos llaman leyes contra la «difamación de injurias y calumnias». Una vieja práctica que nadie puede establecer qué, cuándo y cómo hay que castigarla, pero que desde el Congreso amenazan con penas carcelarias, cuando la jurisprudencia moderna indica que debe tratarse como un tema civil.
El derecho a la información, que en cualquier democracia por muy miserable que sea, resulta ser un tema indispensable para todos los periodistas, en virtud de dar a conocer cualquier situación crítica, de inseguridad, corrupción y criminalidad. Estas características son las que azotan al país en una escalada que desbarata el entramado del Estado de derecho, en medio de la total ausencia de un marco legal adecuado en materia de protección y sin asomo de implementación de políticas públicas en materia de defensa para el periodismo, esa que cada día se ve silenciada desde la acumulación de poderes mediáticos y que los políticos han concentrado como un enorme peligro para el derecho fundamental de la información.
Por eso, es oportuna la elección de Canahuati ante la SIP, quien en su discurso de aceptación ha planteado:
Sin medios, ni periodistas, existe menos protección para la gente, menos fiscalización de las entidades públicas y privadas, desbordando la corrupción, la pobreza y el autoritarismo. Una sociedad sin medios va en camino a la autodestrucción. Esta confianza es imprescindible para construir opinión pública y democracia. Es necesario poner un alto a la impunidad que rodea los crímenes contra periodistas, a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este esfuerzo, nuestro norte es buscar justicia y verdad, además de construir memoria y que los familiares de nuestras víctimas sean reparadas moral y económicamente.
Un hombre de desafíos es Jorge Canahuati, seguro que en esta cruzada, desde la SIP —entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, compuesta por más de 1300 publicaciones del hemisferio occidental, con sede en Miami, Florida, Estados Unidos—, podrá dejar un camino menos espinoso para el acceso a la información.
