En Estados Unidos, investigaciones recientes del Congreso están examinando posibles abusos de poder ocurridos durante la administración del presidente Joe Biden, particularmente el uso de herramientas de seguridad nacional para vigilar a la oposición política interna. Documentos desclasificados por el Comité Judicial de la Cámara señalan que Operation Arctic Frost, una investigación iniciada tras los disturbios del Capitolio de 2021, pudo haber sido utilizada para monitorear secretamente a 156 legisladores, funcionarios y aliados del Partido Republicano.
No se trata de delincuentes. Se trata de opositores. Y ese es el punto.
El fiscal especial Jack Smith, supervisor clave en el proceso, ya había sido cuestionado antes por obtener comunicaciones privadas de senadores. Pero la revelación de una lista tan amplia ha provocado una reacción inmediata dentro del propio Congreso: ¿Quién autorizó usar el aparato del Estado contra representantes electos? ¿Y con qué propósito, si no el de influir en el mapa político?
La preocupación aumenta con otro hallazgo paralelo: decenas de decisiones gubernamentales —incluyendo indultos y órdenes ejecutivas— fueron firmadas mediante Autopen, una máquina que reproduce automáticamente la firma del presidente Biden, sin confirmación de su participación directa.
En otras palabras: La autoridad presidencial pudo haber sido ejercida por asesores no electos.
El espejo que Honduras no puede ignorar
Honduras se encuentra ahora a solo dos meses de las elecciones presidenciales, en un clima donde la confianza en las instituciones electorales y judiciales es frágil, debatida y, para muchos ciudadanos, incierta.
Las preguntas que se formulan en el Congreso estadounidense resuenan aquí con especial fuerza:
• ¿Quién controla el aparato del Estado durante un proceso electoral?
• ¿Las instituciones actúan como árbitros o como actores políticos?
• ¿La ley protege la voluntad del votante o protege a quienes ya están en el poder?
Nuestra historia reciente ha mostrado que el uso político de instituciones judiciales, de seguridad y administrativas no es una amenaza hipotética. Es una tentación real. Y es más fuerte precisamente cuando se acercan las elecciones.
Por eso, lo que hoy se discute en Washington no es solo un debate interno estadounidense. Es una advertencia hemisférica.
La democracia no se quiebra el día de la elección
El ciudadano suele pensar que la democracia se decide el día del voto. Pero la democracia se protege —o se corrompe— mucho antes:
• Cuando se decide quién puede competir y quién es descalificado.
• Cuando se define quién fiscaliza y quién obedece.
• Cuando las instituciones deciden si son árbitros neutrales o instrumentos políticos.
Si en Estados Unidos, con sus contrapesos históricos, la ley puede ser usada como arma política... ¿Qué tan vulnerable es una democracia más joven, más tensionada y con instituciones menos robustas?
La respuesta es clara: La vulnerabilidad es mayor. Y el riesgo también.
La lección para Honduras, hoy
La democracia no se pierde en un golpe visible. Se desvanece lentamente cuando:
• La vigilancia sustituye al debate,
• La autoridad presidencial se delega sin control,
• Y la ley deja de limitar al poder para servirlo.
Estamos dos meses antes de las elecciones. Este es el momento de exigir instituciones que actúen como árbitros, no como jugadores.
Porque cuando la ley se vuelve arma, la democracia deja de ser democracia.
