¿Qué tienen en común El Salvador, Rusia, Hungría, India y Nicaragua? En todos estos países hay elecciones periódicas, pero todos tienen regímenes autoritarios y, “curiosamente”, disponen de leyes para silenciar las voces de la sociedad civil, simplemente vista como “oposición”. Se legisla para controlar el dinero que reciben las ONG desde el extranjero, bajo excusas como “intervención extranjera” o “soberanía”.
Entre los ejemplos citados, El Salvador ha sido el último en entrar en esta peculiar lista, tras aprobar el Congreso, con marcada influencia del presidente Nayib Bukele, la Ley de Agentes Extranjeros, con clara proyección hacia las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), calificadas por el oficialismo como una especie de plaga que funciona con fondos recibidos del exterior y afecta directamente la soberanía nacional.
Aunque la ley salvadoreña no señala explícitamente los sectores que se verán afectados, todo indica que las acciones represivas se aplicarán principalmente a las ONG que defienden o promueven los derechos humanos, la libertad de prensa, la protección del medio ambiente y los principios y valores democráticos.
Los diputados oficialistas –en el Salvador hay 60 diputados y solamente tres son de oposición–, justifican la ley con el objetivo de “transparentar” los fondos que llegan a las ONG, los que se han gravado con un impuesto del 30%. Sin embargo, las oenegés han denunciado que lo que se busca, además, es mantener una fiscalización y presión sobre las actividades a las que se dedican. No hay que ser genio para entender que hay una intención maquiavélica detrás de esto.
Para tener claro el alcance de este tipo de legislaciones, basta girar la vista hacia la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En ese otro país centroamericano han cerrado, clausurado o destruido completamente más de 5,600 ONG, la mayoría de ellas calificadas como activistas de oposición, aunque para hacerlo, el Gobierno utiliza argumentos muy diferentes.
El gobierno de Ortega se ampara en “incumplimientos administrativos” para montar una feroz persecución, que lleva irremediablemente al cierre de las ONG seleccionadas, las cuáles –muchas veces– son disueltas y sus activos confiscados por el Estado. Por cierto, el régimen de Ortega-Murillo controla la Asamblea Legislativa, los tribunales y cortes. Una dictadura atroz.
Nadie puede negar la popularidad de Bukele. Las últimas encuestas le conceden este 2025 una aprobación que supera el 80%, pero sus detractores ven que el presidente salvadoreño ha entrado en un camino en el que se conduce con un peligroso autoritarismo que el pueblo tolera y me atrevería a decir que hasta aplaude... hasta ahora.
El problema es que el surgimiento y consolidación de las dictaduras pasa siempre por una fuerte aprobación inicial. Fidel Castro (Cuba) movía masas, Hugo Chávez (Venezuela) hizo lo mismo y Ortega también. En el siglo pasado, con diferente ideología, se dieron los casos similares de Augusto Pinochet (Chile) y Alberto Fujimori (Perú).
En todos los casos, para mantenerse en el poder, se busca acallar las voces disonantes de la oposición, y para ello hay dos factores que resultan vitales: silenciar a la prensa independiente, y suprimir vehículos de expresión y lucha democrática, como pueden ser las ONG, especialmente las que se dedican a actividades pro-libertad y democracia.
La hoja de ruta que parece tener establecida Bukele es clara: control férreo de los tres poderes del Estado, reforzar sus conceptos de seguridad ciudadana –lucha anti-pandillas–, limitar el acceso a la información y mitigar las voces opositoras. Con esto, mucho me temo, pronto empezará a pensar en su segunda reelección continuada.
El siguiente paso que se verá en El Salvador es el de estigmatizar a las ONG, luego vendrá su fiscalización selectiva y el cierre obligado o voluntario de muchas de ellas. Paralelamente, veremos que la prensa independiente, que ya sufre de acoso gubernamental de diversa índole, estará en la mira del mandatario y las presiones subirán de tono.
El autoritarismo tiene siempre de la mano otro gran defecto, como es la intolerancia a la crítica. Un gobernante auténticamente democrático debe aceptar la crítica, venga de donde venga. En todo caso, hasta tomarla en cuenta –positivamente– en la toma de decisiones. Tristemente, al repasar un poco la historia de las dictaduras, nos encontramos que el camino que recorre uno y otro... y otro, es el mismo, pues siempre se encuentran acciones para limitar las libertades ciudadanas y se trabaja para tener en el puño todo el poder. Para lograrlo, hay que tener legisladores dóciles, una justicia servil, y a un pueblo engañado. ¿Hasta cuándo?
